El pasado 4 de octubre, el ex CEO de Cencosud, Matías Videla, fue sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por uso de información privilegiada, luego de comprar 613.026 acciones de la firma por un monto total de $799.998.502. Todo esto en medio de negociaciones para la adquisición de la cadena de supermercados Torre en Brasil.
Una trama que derivó en su renunció de la gerencia general de la compañía. Y a mediados de noviembre, su abogado representante, José Miguel Ried, interpuso un reclamo a la Corte de Apelaciones para sostener que -en la multa aplicada a Videla- existieron vicios de ilegalidad.
Entre ellos destacó una falta de fundamentación de los actos impugnados, una infracción al debido proceso y una falta de proporcionalidad en la determinación del quántum de la multa aplizada, que fue de UF 15.000.
Ante esto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago rechazar el reclamo de ilegalidad, señalando que "además de ser ilegal, lo que hizo el Sr. Videla, es feo y no se hace".
Así, el documento de la institución mandatada a defender los intereses fiscales del país indicó que es "inaceptable que ahora el gerente general de una sociedad anónima alegue que la información no era, supuestamente, esencial ni relevante y que la reserva habría obedecido exclusivamente a fin de resguardar a la sociedad Torre".
Añadió, además, que "de ser cierto que las negociaciones al 13 de mayo de 2022 se encontraban, desde hace varias semanas, en un punto muerto, ello también sería información privilegiada".
Asimismo, reclalcó que "con la información privilegiada que contaba Videla, su justificación que la acción estaba subvalorada, no hace, sino reafirmar que la compra de acciones le reportaría un beneficio al comprarlas a un menor precio al que realmente tenían".
El CDE agregó en su informe, además, que "es inconcebible que un gerente general, utilice como argumentos exculpatorios, el que sabía de un fracaso de las negociaciones que nadie más sabía, y el que la acción estaba subvalorada, por lo que la adquisición de acciones le reportaría un beneficio propio al poder adquirir dicho valor en un menor precio al que realmente el reclamante lo apreciaba".
