El Gobierno reactivó esta semana la reforma previsional y anunció una nueva fórmula para la distribución de la cotización adicional del 6%. Los porcentajes, detalló la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se dividirán del siguiente modo: un 3% será destinado para un seguro social, un 2% irá a cotización individual y un 1% se utilizará para impulsar el empleo formal de mujeres.
Si bien la iniciativa en su conjunto ha recibido críticas desde la oposición, es este último porcentaje el que más ha generado resquemores. ¿Las razones? Dudas en torno a los cálculos de su ejecución y sospechas de querer avanzar, más bien, en un reajuste fiscal.
Así lo señalaron en El Mercurio Alejandro Weber y Karol Fernández, académicos de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS. Desde su mirada, el Gobierno quiere "destinar el 1% de cotización a ´fortalecer el empleo de las mujeres´, a través de la sala cuna y compensar su mayor longevidad por un costo de 0,23% de cotización. Pero no olvidemos que ya existe en el Congreso un proyecto de ley que extiende el derecho de sala cuna y cuyo financiamiento es de 0,1% de la cotización de cargo del empleador".
"Cabe preguntarse -agregan- si sumamos ambas iniciativas, ¿para qué usará el Gobierno el 0,67% restante, cerca de US$500 millones cada año?".
Los investigadores fueron enfáticos en su crítica. "Cuatro de los seis puntos adicionales de cotización no irán a las cuentas de los trabajadores y son, por lo tanto, un alza de impuestos equivalente a US$3.200 millones anuales, algo más del 1% del PIB".
Acusan así, que "esto no es otra cosa que una reforma tributaria encubierta".
En el Ejecutivo no han detallado qué fracción del 1% se destinará exclusivamente a financiar la sala cuna y qué porcentaje a otro tipo de iniciativas.
En todo caso, en base a los costos calculados en el proyecto del Gobierno anterior, hay dudas en relación al sustento técnico de la propuesta. El ex ministro de Trabajo de Sebastián Piñera, Nicolás Monckeberg, quien estuvo a cargo de impulsar la reforma en esa administración -que destinaba el 0,1% de la cotización de cargo del empleador a sala cuna- indicó a El Mercurio que "si hacemos una simple regla de tres, significaría una sala cuna que vale $2.500.000 mensuales. No conozco ninguna de ese monto".
Alejandro Charme, ex fiscal de la superintendencia de Pensiones, en tanto, señala que destinar cotizaciones a la sala cuna es "un desacierto" que "denota una falta de conocimiento por parte del ministerio sobre qué es la seguridad social y, particularmente, del objetivo de un sistema de pensiones, que es proveer de ingresos a la persona durante la etapa en que no los puede generar o los genera parcialmente".
David Bravo: "Hay que abordar los temas por separado"
El economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, planteó a El Mercurio que la propuesta del Gobierno no sería una buena alternativa.
"Siendo muy necesaria la reforma a la ley de sala cuna, ponerla en la cotización de pensiones perjudica a ambos proyectos. Creo que hay que abordar los temas por separado para no arriesgar seguir sin avance en todo", señaló.
Elisa Cabezón, economista y directora de Evidencia en Pivotes, opinó en una línea similar. A su juicio la distribución de los puntos de cotización no debiera mezclarse en la discusión sobre la sala cuna. Sus cálculos indican que el 2% que se pretende destinar a las cuentas de ahorro individual es insuficiente.
Según explica, "solo para compensar por las mayores expectativas de vida y las menores rentabilidades que enfrentan los actuales trabajadores respecto a los actuales jubilados, es necesario que al menos 4,6 puntos vayan a las cuentas individuales".
Proyecta, también, que incluso con una tasa de cotización que sube del 10% al 14,6%, "para trabajadores que hoy tienen 25 años y entran a la vida laboral, usando la densidad de cotización y niveles de sueldos actuales, su tasa de reemplazo respecto a los 10 últimos sueldos sería solo un 50% en promedio".
Críticas de figuras oficialistas
En general, el oficialismo ha respaldado la propuesta del Gobierno. El diputado Diego Ibáñez (CS), por ejemplo, señaló que "el gobierno ha cedido bastante respecto de su propuesta original y es hora de que la derecha comprenda la necesidad de modernizar nuestro sistema de pensiones con un seguro social".
Sin embargo, una figura inesperada entró al debate. Se trata del ex ministro Francisco Vidal (PDD), a quien algunos califican como una figura clave en la campaña por el En Contra.
Y es que el también profesor señaló, en una entrevista online, que "la reforma termina con 6 puntos para la capitalización individual y el compromiso de aumentar la PGU de $206.000 a $250.000. Y se acabó".
"Jeannette Jara, gran minitra -agregó- ahora empezó con otra fórmula"
"Tres, dos, uno; uno, dos, tres", ironizó.
