En mayo de 2020 se promulgó la nueva ley de fraudes que hoy, apenas 3 años después, es objeto de cuestionamientos por parte de los bancos y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). ¿La razón? Estaría incentivando el autofraude.
Y es que la normativa limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante extravío, hurto, robo o fraude cuando los montos asociados son menores a 35 UF ($1.288.497).
Bajo dicho umbral, el banco tiene la obligación de restituir los fondos en menos de cinco días hábiles, sin una sentencia de por medio. Esto, ha alertado las entidades financieras, pues estaría dando pie a que los mismos usuarios defrauden al banco y obtengan devoluciones de los fondos.
El impacto financiero
Ayer la comisión de Hacienda del Senado recibió al presidente de Banco Estado, Daniel Hojman, quien indicó, en relación a la ley de fraudes, que "hay un importante daño patrimonial. En el caso de Banco Estado, al mes de noviembre, el banco ha pagado más de US$120 millones por reclamos formulados al amparo de esta ley, y esto ciertamente reduce el aporte al fisco en el mismo monto".
La autoridad advirtió además que han crecido los reclamos bajo la ley de fraude de manera "exponencial", pese a los "aumentos de seguridad de parte de la banca".
En esa línea, indicó que desde la entidad han visto un incremento significativo en los fraudes de compras y giros presenciales, y que el 99% de los reclamos de fraudes son por montos menores a 35 UF.
Sostuvo, también, que "el problema no es la falta de medidas de seguridad, no es tecnología, sino más bien una debilidad en la regulación que está asociada con un incentivo al autofraude".
Actividad delictual
En su presentación, Hojman subrayó además que tienen "indicios de defraudación organizada para aprovechar las brechas de la ley. De hecho, el banco se ha aproximado al Ministerio Público para ver cómo se puede lidiar con la dimensión criminal asociada con ese abuso de la ley".
En la misma línea, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, indicó que la ley está "permitiendo abuso y protegiendo actividad delictual".
Por último, la presidenta de la CMF, Solange Berstein, aseguró que "como CMF no hemos logrado tener una medida precisa que nos determine cuánto es autofraude y cuánto no. Sin duda, los indicios son claros de que hay un volumen de autofraude relevante".
