El fenómeno de "autofraude" no solo tiene a la banca en alerta producto de los millonarios montos que ha debido desembolsar a raíz de estos engaños. El Poder Legislativo apunta a elaborar propuestas para enfrentarlo, ya que el Gobierno y parlamentarios comenzarán a trabajar en indicaciones a la Ley de Fraudes.
La preocupación de realizar cambios es porque desde que promulgó la ley, en 2020, esta ha sido objeto de cuestionamientos debido a que limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante extravío, hurto, robo o fraude cuando los montos asociados sin menores a 35 UF ($1.288.497). Es que el banco tiene la obligación de restituir los fondos en menos de cinco días hábiles, sin una sentencia de por medio.
Lo anterior, ha generado el aprovechamiento de algunas personas que han utilizado esta normativa para concretar "autofraudes", engañando a la banca para obtener recursos. Una situación que ha golpeado especialmente a BancoEstado que ha debido desembolsar US$150 mil por la Ley de Fraudes e incluso ha alertado por episodios violentos al interior de sucursales relacionados a este problema.
"La educación para defraudar
Por eso, el Gobierno decidió aplicar modificaciones a Ley de Fraude, las cuales fueron aprobadas ayer en general en la comisión de Hacienda. Su tramitación continúa con votación en Sala, para luego abrir el plazo para presentar indicaciones.
Según informó el Ministerio de Hacienda, la cifras que reportó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), afirmaron que antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fraudes por cada millón de pesos transado, se desconocían $93.
Luego de la ley, esa proporción aumentó: por cada millón transado, $587 fueron reportados como desconocidos. En promedio hay 60 mil eventos de desconocimiento de transacciones al mes, siendo BancoEstado la institución más afectada tanto en cantidad de usuarios como en montos.
Así,durante la comisiónm, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, propuso una mesa técnica con los asesores de los parlamentarios de la dicha instancia legislativa para trabajar en conjunto indicaciones.
En la comisión, el secretario de Estado manifestó sus preocupaciones y sostuvo que "por supuesto que nos importa que hayan aumentado exponencialmente los casos de reclamaciones". Asimismo, expuso enfáticamente cuáles eran sus otras inquietudes.
"Esta legislación desgraciadamente se está transformando en una escuela de fraude para decenas de miles de chilenos y chilenas. Decenas de miles de chilenos y chilenas están aprendiendo de sus vecinos, de sus familiares, cómo concurrir a una sucursal bancaria, mentir, desconociendo una operación para luego obtener el reembolso de $400 mil"
Mario Marcel, ministro de Hacienda
La primera de ellas, dice relación con que "esta legislación desgraciadamente se está transformando en una escuela de fraude para decenas de miles de chilenos y chilenas. Decenas de miles de chilenos y chilenas están aprendiendo de sus vecinos, de sus familiares, cómo concurrir a una sucursal bancaria, mentir, desconociendo una operación para luego obtener el reembolso de $400 mil".
"Y cuando hablamos de educación, desgraciadamente, estoy seguro que entre la educación que puede hacer un banco, una institución financiera y otra que lleva como premio $400 mil por operación, no me queda duda que educación va a ser más eficaz", agregó Marcel.
En ese sentido, el jefe de las finanzas públicas remarcó la necesidad de ponerle "freno" a estos hechos ya que considera que esto es el punta pie inicial. "Lo que hoy día es aprender a articular un fraude frente a una institución financiera, el día de mañana será un fraude para ir impuestos, un fraude para una serie de otras materias", acotó.
Asimismo, otra de sus preocupaciones es el costo fiscal que esto tiene.
"Los US$150 millones, en los últimos meses hemos discutido mucho sobre cómo aumentar la eficiencia del sector público, qué es lo que se puede hacer en materia de reasignaciones de recursos, de reducir fuentes de ineficiencia, yo creo que en ninguna de ellas uno podría haber identificado directamente algo que cuesta US$150 millones", complementó.
Modificaciones
La cartera que lidera Marcel sostuvo que lo que se busca con las modificaciones a la Ley de Fraudes es entregar facultades a la CMF para dictar estándares mínimos de seguridad, autenticación y registro y propone que las instituciones puedan suspender la restitución de los montos desconocidos, además que ejerzan acciones legales en aquellos casos donde exista información suficiente que permita presumir negligencia grave o dolo de parte del usuario.
También busca ampliar los plazos de reembolso, pasando de cinco a diez días, aumentándolos si la transacción es superior a 35 UF. "Esto permitiría a las instituciones recabar los antecedentes suficientes", dice el escrito de Hacienda.
En particular, se establece un catálogo de presunciones de dolo o culpa grave para casos de desconocimiento de transacciones realizadas entre cuentas propias, o cuando el usuario reconoció haber entregado sus claves.
