"Nosotros instamos a la gente a que deje de pagar el Crédito con Aval del Estado (CAE). Con la gente que está al día no podemos hacer nada ... ", dice un video de Juan Pablo Rojas, fundador del "estudio de abogados" Defensa Educacion. Ofertas como esa han motivado a numerosas personas a convertirse en morosos. Ya son más de medio millón. Los factores que han permitido esa tendencia creciente son diversos, e incluyen el deterioro de la economía, promesas presidenciales y una ley de prohibición de informar sobre deudas educacionales aprobada en 2020. Si en 2017 la mayor cantidad de deudores del CAE egresados de una carrera estaba al día en sus cuentas, en 2023 fue todo al revés: por primera vez, la mayoría arrastraba atrasos graves. No es un problema privado: el Estado debe responder por esas moras y el año pasado le costó el equivalente a los fondos que irán para la recuperación tras el megaincendio del Gran Valparaíso. En un informe, la Dirección de Presupuestos se concentra en la mayor morosidad de los egresados. Menciona dos razones posibles: el primero, "los efectos económicos de la pandemia". Pero en segundo término alude a "la promulgación de la Ley N° 21.214, que en lo pertinente prohíbe informar las deudas contraídas para financiar la educación en cualquier de sus niveles. En términos prácticos, el registro de los deudores morosos fue borrado del Boletín Comercial, implicando eliminar la necesidad de regularizar su deuda, e incentivando el no pago de su deuda a quienes mantenían al día los pagos, sabiendo que no habría registro de su morosidad".
