Este jueves la región de Aysén vivirá un día clave para su futuro económico. Esto, porque se definirá el destino de dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) que piden la entrega de más de 600 mil hectáreas de mar a administración de comunidades indígenas. Este mecanismo es permitido a través de la ley N°20.249, más conocida como "Ley Lafkenche".
De aprobarse la demanda, luego de la votación en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero en Aysén, los territorios en cuestión pasarían a manos de dos comunidades -constituidas por alrededor de 30 personas- lo que preocupa a algunos en la región.
Pero, ¿qué es la ley Lafkenche y por qué tiene en vilo a la economía del sector?
¿Qué es la ley Lafkenche?
La ley 20.249 nació producto del interés de las comunidades mapuche-lafkenche por obtener el reconocimiento y protección de sus derechos sobre el borde costero. Con ese objetivo, se estableció un mecanismo para destinar un Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (Ecmpo) para preservar usos y costumbres indígenas.
La legislación, que tiene más de 14 años de vigencia, permite que el Ecmpo se entregue por un tiempo indefinido en administración a una comunidad o a una asociación de comunidades indígenas. Esto, siempre y cuando no existan derechos constituidos por terceros en dicha área y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) verifique los usos y costumbres alegados.
Hasta hoy, gracias a la normativa, ya se han entregado 100 mil hectáreas de zona costera. Hay, además, alrededor de 4 millones solicitadas.
La "mitad del borde costero de Aysén"
Desde el rubro salmonero han buscado graficar el impacto de las solicitudes. Con ese objetivo, han dado a conocer un dato clave: en el área en cuestión figura el 45% de las concesiones acuícolas de Aysén.
"Es prácticamente la mitad del borde costero de Aysén (...) dentro de esos espacios tenemos alrededor de 300 concesiones", dijo a CNN Chile Tomás Monge, director territorial de SalmonChile.
Agregó, en esa línea, que "se le entrega poder a unas pocas personas, en este caso son 30 personas que están pidiendo 620 mil hectáreas, lo que creemos que es un poco desproporcionado".
Monge señaló también que estas solicitudes generan "incertidumbre respecto a la operatividad y tramitaciones actuales y futuras de la principal actividad económica de la Región de Aysén".
Desde la industria agregaron, además, que también se verían afectadas las actividades portuarias, pesca industrial y artesanal u obras públicas, lo que provocaría "paralizaciones de proyectos y tramitaciones hasta por 12 años".
Conrado Redlich, presidente Multigremial Puerto Aysén y también de los camioneros de la región, aseguró, en tanto, que "puede salir una señal muy grave hacia el resto del país. Nosotros en esta región producimos más del 70% del salmón que se engorda en Chile (...) Puede quedar muiy en evidencia que la gobernadora no ha hecho bien su trabajo".
"Esto afecta a toda una región y repercute en el país. Nosotros solamente queremos manifestar nuestra preocupación para poder seguir trabajando de manera digna, independiente", indicó, por su parte, Rubén Esparza, secretario de la Asociación de Proveedores de la Industria Acuícola de la región de Aysén (Acuiprov).
Abogada: "No se le da propiedad a una comunidad"
La abogada Sofía Barrera, del área de Acceso a la Justicia en ONG FIMA, señaló a El Mercurio que las solicitudes se han ajustado a la normativa de la Ley Lafkenche y a los usos acreditados por parte de Conadi.
"Las Ecmpo son convenios de las comunidades con el Estado para administrarlos usos consuetudinarios, como son la recolección, la pesca, la navegación, pero no significa que se le dé propiedad a una comunidad", recalcó la especialista.
Asimismo, agregó que "lo que se reconoce es el uso ancestral de manera compatible con otros usos que ya han sido reconocidos en forma anterior a las solicitudes de Espacios Marinos Costeros Protegidos".
