El martes la siderúrgica Huachipato anunció la decisión de suspender de forma indefinida sus operaciones. ¿La razón? La compañía había solicitado a la Comisión Antidistorsiones investigar la existencia de dumping -productos a precios artificialmente bajos- en artículos de acero chino y, en caso de acreditarlo, aplicar sobretasas arancelarias.
La entidad logró probar que los productos se estaban vendiendo a precios inferiores al costo, y recomendó al Gobierno salvaguardas con un promedio de 15,3% a tres empresas chinas. Esto, sin embargo, no dejó conforme a la acerera -que pedía un 25% a todas las empresas de la potencia mundial-, por lo que la decisión de suspender las operaciones se precipitó, aunque el Ejecutivo señaló que buscará soluciones y que se reunirán hoy.
"Las medidas provisionales aplicadas no logran revertir el impacto de esta distorsión de precios,lo que le hace perder a la compañía cerca de US$1 millón por día, generando una operación insostenible en el tiempo", explicó la compañía, que lleva más de 70 años en Talcahuano y que genera más de 20 mil empleos directos e indirectos en la región.
La resolución de la Comisión Antidistorsiones puso a la entidad en el ojo del huracán. Y es que muchos se preguntan si el organismo pudo haber recomendado salvaguardas mayores o si sus informes tienen la última palabra. Asimismo, las autoridades regionales han puesto un énfasis en la mayoría de integrantes que tiene el Gobierno dentro la institución.
"La Comisión Antidistorsión, en la que tienen mayoría las autoridades de Gobierno, tomó una decisión insuficiente", recalcó ayer el Gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz.
La Comisión y su rol
Chile se caracteriza por una política de comercio exterior abierta. Sin embargo, su institucionalidad cuenta con herramientas para evitar que, debido a distorsiones circunstanciales o a aumentos imprevistos de importaciones, la industria local se vea amenazada. Es dentro de esa institucionalidad que se encuentra la Comisión Antidistorsiones.
La entidad tiene como tarea investigar la existencia de distorsiones en el precio de las importaciones y la posibilidad de que estas signifiquen una amenaza para productores locales.
Entre estas distorsiones se pueden mencionar dos: el dumping y la subvención.Se dice que un objeto es producto de dumping cuando se vende más barato en el país al que fue exportado que en el mercado interno del país exportador, en condiciones normales. Es esto lo que la Comisión, de hecho, reconoció en los productos de acero chino.
También se habla de dumping cuando un producto, más allá de su procedencia, logra vender a precios artificialmente bajos, con el objetivo de acabar con su competencia.
La subvención, en tanto, se refiere a cuando se otorgan beneficios estatales para salir favorecido en la competencia.
Así, la Comisión Antidistorsiones tiene por objetivo velar para que, si un producto que se importa y que compite con la industria nacional obtiene —de un momento a otro y por condiciones inusuales— ventajas excesivas, que le permiten vender a un precio más bajo, esto no termine por destruir a los negocios locales.
Para que la comisión investigue es necesario presentar una solicitud escrita. Esta debe llegar desde la rama de producción nacional o de parte de una asociación que sienta que está siendo afectada. Debe, además, cumplir con algunos requisitos. En caso de que la comisión estime que los antecedentes son pertinentes, dará comienzo a la indagatoria.
Tras esta, el organismo puede recomendar algunas medidas, siempre que durante la investigación, haya podido acreditar los aspectos exigidos por la legislación, tales como la existencia de una distorsión en los precios, daño a la producción nacional y causalidad entre la distorsión y el perjuicio a los negocios locales, entre otros.
La mayoría oficialista
La Comisión Antidistorsiones cuenta con mayoría oficialista, lo que ha sucitado, al menos, comentarios entre algunas de las autoridades de la zona.
La entidad, así, está compuesta por su presidente, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg; dos representantes del Banco Central, Francisco Ruiz Aburto (alterno, Claudia Henríquez) y Miguel Fuentes Díaz (alterno, Beatriz Velásquez); un representante del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Monardes Vignolo (alterno, Catalina de Jesús Ortiz Justiniano); un delegado del Ministerio de Agricultura, Andrea Garcia Lizama (alterno, Patricio Riveros); un miembro del Ministerio de Economía, Nicolás Lillo Bustos (alterno, Jorge Soto Solar); un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sebastián Gómez Fiedler (alterno, Jorge Vasquez Rossier); y la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza Loeb.
Cabe destacar que para que la Comisión Antidistorsiones sesione necesita contar con un quórum mínimo de cuatro integrantes. La decisiones, en tanto, son adoptadas por la mayoría simple de los presentes y, en caso de empate, el voto del presidente es decisorio.
Según información oficial de la Comisión, existe una excepción al quórum, que "se produce cuando se decide aplicar una medida de salvaguardia que, sumada al arancel vigente, resulta superior al nivel arancelario consolidado ante la Organización Mundial del Comercio. En tal caso se requiere la aprobación de las tres cuartas partes de los integrantes de la Comisión".
