Parlamentarios de distintos colores políticos de la Región del Biobío anunciaron el proyecto de ley que promueve una reforma constitucional para establecer una sobretasa arancelaria transitoria por tres años al acero proveniente de China. Esto, para ir "en defensa de la industria nacional, regional y los trabajadores".
La iniciativa es promovida por los diputados Joanna Pérez (Demócratas), Marlene Pérez (IND-UDI), Roberto Arroyo (Social Cristiano), Félix González (Ecologista Verde), Leonidas Romero (IND-RN), y el senador Gastón Saavedra (PS), junto a los dirigentes de los Sindicatos 1 y 2 de Huachipato, el Gobernador Regional Rodrigo Díaz, y alcaldes de la zona.
Según se detalla en el documento, el proyecto se presenta debido a que "en ciertos sectores estratégicos, como el del acero, se ha considerado necesario establecer medidas de protección para resguardar la industria local frente a la competencia extranjera, particularmente la proveniente de China".
"Este giro dramático en la trayectoria de la compañía responde a una serie de desafíos económicos y de mercado, particularmente la competencia desleal del acero importado de China", señala el texto.
Con todo, la idea es "incorporar un artículo transitorio nuevo en la constitución política de la república estableciendo medidas de protección para la industria siderúrgica chilena, implementando un arancel especial temporal al acero chino".
Así, los parlamentarios pretenden que "durante los tres años siguientes a la publicación de la presente reforma constitucional, toda importación de productos de acero como alambrones, acero de refuerzo para la construcción, barras y bolas de molienda de minerales, de origen de la República Popular China estará gravada con arancel del cincuenta por ciento".
Al respecto, la diputada Joanna Pérez explicó que "este proyecto es un aumento de un 50%. Quizás es excesivo, sí, pero tendremos que ponernos de acuerdo: Desde el Congreso, con el Gobierno, con la Comisión, con los antecedentes que pueda aportar la empresa y el mercado, creo que hay mucho más por hacer".
"Reconocemos que aquí la Comisión (Antidistorsiones) ha hecho un trabajo importante, pero creemos que es insuficiente para lo que otros países han reconocido en cuanto a la distorsión de precios", agregó.
Asimismo afirmó que "también desde la Cámara vamos a ejercer todo tipo de acciones para hacer ver que esto es insuficiente y visibilizar nuestra problemática regional por la posible pérdida de empleos, pero además de una actividad que para nosotros, esta región y el país, es y debe seguir siendo estratégica y necesaria".
"Esto tiene sentido de urgencia. Nosotros no podemos esperar, como dijo el Gobierno, hasta septiembre para que la Comisión (Antidistorsiones) termine su trabajo", complementó.
Por su parte, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, destacó el proyecto, sin embargo, alertó que "si Huachipato dejara de operar, nuestra cesantía regional va a pasar de 7% a 12%. Seríamos la primera región en cesantía en el país".
Además, dijo que "hay 300 pymes que están en la región que dejarían de recibir US$130 millones al año", y "3.500 trabajadores que están en sus primeros anillos, y no en la pymes, que dejarían de recibir US$70 millones al año que mueven la economía local".
"Esto es una bomba atómica a la economía local, sería terrible. Además, Chile tendría un problema. Cuando no llegó acero chino hace dos años atrás, la industria del cobre pudo seguir funcionando porque Huachipato proveía las bolas de acero que se necesitaban en su sociedad", señaló la autoridad regional.
Díaz además afirmó que "no veo tampoco que haya un plan B que se haya señalado desde las autoridades políticas para poder superar este golpe mortal a la economía de la Región del Biobío. Entonces, parece muy inteligente hacer todos los esfuerzos para repensar esta situación. Las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen. La Comisión Antidistorsiones debe volver a revisar esta situación".
