El 12 de mayo entra en vigencia el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a aplicar una nueva tabla única de factores a todos los afiliados y a restituir los cobros en exceso. Para que el cumplimiento de la sentencia no haga colapsar el sistema, el Congreso tramita la ley corta de isapres, que debe salir antes de la fecha mencionada.
La tramitación, sin embargo, no ha sido fácil. La discusión pasará mañana a una comisión mixta para zanjar la diferencias entre diputados y senadores, y no es aventurado pensar que se podría cumplir el plazo del fallo antes de que el Congreso llegue a un acuerdo. ¿Qué ocurriría en tal escenario? Según expertos, las isapres podrían entrar en insolvencia, lo que generaría un efecto dominó con consecuencias para los afiliados.
Caerían en insolvencia
Héctor Sánchez, ex superintendente de Salud, cree que es probable que se llegue a un acuerdo a última hora. En ese caso, dice, la Corte Suprema no tendría problemas en esperar algunos días más para que la ley corta entre en vigencia. Sin embargo, existe otro escenario, en el que las fuerzas políticas no lleguen a acuerdo y la ley corta definitivamente se deje atrás.
Ahí, dice Sánchez, "el superintendente tendría que implementar el fallo de acuerdo a sus atribuciones. Lo más probable es que se le informe al sistema de isapres que la deuda será de US$1.400 o US$1.800 millones (...) Eso generaría la quiebra del sistema. Prácticamente de todas las isapres".
Otro ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, tiene una visión similar. Según explica, "si esto ocurre, las isapres quedan en una situación bastante compleja, porque no necesariamente se va a establecer la flexibilidad que contempla la ley corta de isapres en lo que dice relación con devoluciones, plan de pago y todas aquellas medidas de flexibilidad que podrían haberse entregado por ley".
Eso -añade el también académico de la Escuela de Negocios de la USS- "va a quedar entregado a la definición de la Superintendencia de Salud y en ese sentido, la superintendencia ha sido bien categórica en establecer los montos de devolución".
Recalca, así, que en el escenario que la ley corta no se apruebe "tampoco se aprobaría la medida del 7% como mínimo de la cotización obligatoria en isapre, por lo cual podríamos volver a una cifra de deuda por sobre los US$1.400 millones".
Luis Castillo, ex Subsecretario de Redes Asistenciales y decano de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Autónoma, por su parte, dice que las isapres, en un escenario como el descrito, "podrían llegar a entrar a insolvencia y la superintendencia llegaría en un momento dado a nombrar y nominar a alguna persona que vaya a la administración provisional de ella".
En tanto, Andrés Romero, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, pone énfasis en que "el punto principal será la extensión en que se aplique el fallo. Si bien éste se declara aplicable a todos los afiliados, lo cierto es que la ley es expresa en cuanto a que las sentencias sólo se aplican a las partes que litigaron".
"De allí -añade- que la duda fundamental será si los tribunales aceptarán o no demandas que busquen aplicar el fallo por parte de quienes no fueron parte del mismo".
Héctor Sánchez recuerda que no todas las isapres quebrarían, pues algunas son nuevas y no están afectadas por el fallo. En cualquier caso, señala que solo afiliarían a personas sanas.
La situación para los afiliados
Para las personas -dice Patricio Fernández- se mantendría la situación de incertidumbre. "Eso no se soluciona tampoco con la ley corta", explica.
Castillo, por su parte, sostiene que los beneficiarios dependientes de cada una de las isapres "probablemente verán muy reducido su nivel de prestaciones y tendrán, cuando vayan a algún servicio, que poner garantía para obtener atención de salud".
Sánchez, en tanto, dice que -en tal escenario- se "va a suspender la cadena de pago, entre el sistema de isapres y los prestadores. Y eso implica que (...) se suspendan todos los créditos, y las clínicas le empiecen a cobrar a las personas todas las prestaciones".
Así, dice, "las personas tendrían que empezar a pagar directamente sus servicios. Independiente de que las personas tomarán la decisión de cambiarse a Fonasa, porque no es inmediato, tiene un tiempo de latencia".
"Quedará en el caso a caso qué pasa con los afiliados con tratamientos en curso, ya que es posible que Fonasa no pueda mantenerlos", indica, por último, Romero.
Los contratiempos en la comisión
En lo legislativo, para mañana a las 09.00 horas esta convocada la comisión mixta, la cual está integrada en el Senado por Juan Luis Castro (PS), Francisco Chahuán (RN), Javier Macaya (UDI), Ximena Órdenes (IND-PPD) y Sergio Gahona (UDI), y en la Cámara por Tomás Lagomarsino (PR), Andrés Celis (RN), Daniel Lilayú (UDI), Gael Yeomans (CS) y Ana María Gazmuri (Acción Humanista).
Según detalló Castro (PS) a Emol, tendrán que sesionar "aceleradamente, en función de los tiempos y plazos, buscar acuerdos en torno a cuatro o cinco materias", considerando que solo restan 12 días para aplicar el fallo. En ese sentido, detalló que "uno tiene que ver con el monto y cálculo de la deuda. Dos, respecto al plan de devolución de esa deuda a las personas, y los tiempos y formas que se harán".
"Tendremos que aceleradamente, en función de los tiempos y plazos, buscar acuerdos en torno a cuatro o cinco materias"
Juan Luis Castro, senador PS
"Tres, respecto del reajuste extraordinario de primas y su eventual tope, cosa que no viene desde la Cámara de Diputados. Cuatro, los problemas que hay en la contabilidad financiera internacional, particularmente las isapres, que pueden colocar riesgos o advertencias sobre quiebra técnica". añadió.
Y por último, aquellos aspectos de reforma del sistema de salud que "están pendientes y que no se han todavía concretado y que tienen que ver con el fin de la selección por sexo, edad y enfermedad".
En tanto, el diputado Lagomarsino (PR) manifestó su preocupación y sostuvo que espera que "en esta primera sesión podamos dibujar un programa que nos permita tener despachado el proyecto de ley y cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Estamos contra el tiempo y no es momento de remar contra la corriente".
"Es muy probable que al momento de votar cualquiera de las propuestas que hagan tanto los diputados, senadores que integramos esta comisión mixta, finalmente y lamentablemente, no haya mayoría y no haya texto que se lleve a la sala para que se vote".
Andrés Celis, diputado RN
En esa línea, el diputado
Celis (RN) sostuvo a Emol que "han habido conversaciones extraoficiales con el Gobierno" y que a su parecer,
"no hay un punto de acuerdo para poder sacar adelante la ley corta".
"Es muy probable que al momento de votar cualquiera de las propuestas que hagan tanto los diputados, senadores que integramos esta comisión mixta, finalmente y lamentablemente, no haya mayoría y no haya texto que se lleve a la Sala para que se vote", aseguró.
La diputada Gazmuri (AH) subrayó a Emol que "el proyecto tiene que ser ley antes del 12 de mayo". De ocurrir así, dijo la presidenta de la comisión de Salud, "tenemos una alternativa para hacer posible la aplicación del fallo de la Corte Suprema".
"Fuimos citados a sesionar el jueves en la comisión mixta, lo que nos pone en una situación compleja y de mucha presión, porque el proyecto debería ser aprobado por el Senado el martes y el miércoles pasar a Sala para ser discutido. Si no, los plazos no dan", remarcó.
En tanto, el diputado Lilayú (UDI) enfatizó en que "si no hay ley para el día del fallo, claramente aquí vamos a ver el comienzo de una debacle sanitaria en todo el país".
"Aquí no solamente van a sufrir los tres millones de chilenos que están en el sistema privado, sino también los 16 millones de chilenos que están en el sistema público de salud. Va a ser una debacle sanitaria", concluyó.
