La jornada del viernes, luego de la reunión que se llevó a cabo en La Moneda entre el Gobierno y el Congreso, se logró definir un "fast track" en la agenda económica, que prioriza proyectos en relación a la productividad, crecimiento y probidad, incluyendo el Pacto Fiscal y las diferentes normativas que se desprenden de este. En total, contempla 21 iniciativas.
Este sábado diputados miembros de la Comisión de Economía abordaron el acuerdo y, mientras algunos se mostraron a favor de la priorización que se hizo, otros apuntaron a que "no hay novedad" y "hay que ser más cautelosos", sobre todo, considerando que el listado se planea despachar antes del inicio en octubre de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025.
De hecho, según consignó El Mercurio, tras la cita de ayer, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó el resultado y aseveró que "nos comprometemos tanto Ejecutivo como ambas cámaras para acelerar su tramitación legislativa, con el propósito de que estén aprobados antes de fines de septiembre".
El presidente de la instancia en la Cámara Baja, diputado Víctor Pino (IND), afirmó que está "de acuerdo en que se prioricen estos temas" y le parece "bien que el Gobierno busque que tratemos de sacar de manera rápida en el Congreso temas que apunten al crecimiento, la probidad y la productividad, porque a mi juicio ya estamos entrando un poco tarde al debate de estas materias, y necesitamos cuanto antes, avanzar en sacar proyectos en materia de regulación".
Ahora bien, hizo reparos en la forma en que conoció la información. "No me parece, como presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, enterarme a través de los anuncios que se hacen por la prensa de estos temas. Considero que perfectamente esto se pudo haber conversado antes con los integrantes de la Cámara que estamos en Economía y Hacienda, para conocer las intenciones del Ejecutivo y saber qué proyectos en específico vamos a priorizar. Siento que cuando se procede de esta manera, es mirar a la Cámara simplemente como un buzón para aprobar proyectos y en eso están completamente equivocados, ya que una cosa es la intención del Gobierno de presentarlos y otra, lo que resulta en la Cámara y en el Senado, a raíz de las discusiones y modificaciones que sufren los proyectos presentados durante su tramitación en las respectivas Comisiones", indicó.
El diputado Alejandro Bernales (PL), expresó por su parte que desde la Comisión de Economía "existe plena disposición de poder apoyar y tramitar rápidamente los proyectos que impulsen la economía del país. Ya estamos discutiendo y votando el proyecto de permisología que, sin lugar a dudas, impulsa la inversión. También sería bueno darle suma urgencia al proyecto de turismo, porque es un sector que aún tiene mucho por crecer. Desde ese punto de vista todo el apoyo al Ejecutivo, sin embargo también sería bueno que en el listado de proyectos se pudiera considerar iniciativas parlamentarias como, por ejemplo, discutir la moción que hace concesible el litio. No todas las buenas ideas vienen del Gabinete de Ministros".
El diputado Daniel Manouchehri (PS) aseveró en tanto, que "el crecimiento económico es fundamental", por lo que "es una buena noticia la construcción de acuerdos para legislar entorno a proyectos que permitan dinamizar nuestra economía. El crecimiento es esencial para nuestro desarrollo. En el Congreso podremos aportar de manera democrática con las diferentes visiones entorno a estos proyectos".
El diputado Miguel Ángel Calisto (IND-Demócratas) de igual manera consideró "una buena señal que se prioricen proyectos que busquen potenciar el crecimiento y la productividad".
"Esto es clave para poder reactivar nuestra economía, darle incentivos a las micro y medianas empresas, como así también, dejar las reglas claras en materia de probidad", dijo, aunque añadió que "el Gobierno estaba al debe en materia de políticas económicas. Nosotros tenemos la disposición en la Comisión de Economía de tramitar de buena forma estos proyectos. Creo que es necesario agilizar, pero debemos analizar los proyectos en detalle y escuchar a todos los actores relacionados".
Quien también manifestó su opinión al respecto fue la diputada Sofía Cid (RN): "Este fast track legislativo para temas económicos que anunciaron en La Moneda, yo encuentro que es más de lo mismo. Se trata de proyectos, en este caso tres, que ya estamos trabajando en el Congreso, y la verdad es que no representan mayor novedad".
"Estamos trabajando en la Comisión de Economía todo lo que tiene que ver con permisología. Ese es un proyecto que ha ido avanzando, deberíamos empezar a votar la próxima semana en particular, y tenemos en la Comisión de Hacienda la Agencia de la Calidad, que también es un proyecto que yo creo que va a avanzar rápido, pero la verdad es que 21 proyectos, tenerlos listos antes de la discusión de la Ley de Presupuestos, yo lo veo muy difícil, porque la verdad es que en estos dos años el Gobierno no ha logrado sacar adelante su agenda, mucho más complejo es hacerlo en pleno año electoral, y eso no lo podemos dejar de lado. Este año están las elecciones de alcaldes, gobernadores, y de todas maneras se termina polarizando el clima político. Entonces hay que ser un poquito más cautelosos", añadió.
Asimismo, dijo que "el Gobierno debería focalizarse en medidas más concretas y menos ambiciosas. Lo que siempre hemos dicho, mejorar el tema de la inversión, el empleo, activar la economía. Así que bueno, estamos viendo ahora que en términos de crecimiento estamos muy mal y hay que estar atentos a la inflación y, como digo yo, mejorar el tema del desempleo. La clase media está realmente complicada, porque no hay trabajo y obviamente ve que todos los días los costos de la vida aumentan. Entonces yo sería más cautelosa".
La diputada Flor Weisse (UDI) manifestó que "por supuesto que necesitamos dialogar", ya que "se requiere legislar para poder fortalecer el crecimiento económico". Ahora bien, expresó que "para ello se requieren más recursos públicos, pero para sincerar la conversación, incorporemos el tema de la fiscalización, el seguimiento de ellos y su efectividad en el uso. No podemos pensar en aumentar los impuestos con una mirada ideológica y solo por cumplir con un programa de gobierno. El Gobierno necesita escucharnos y conocer de qué manera se ha afectado, especialmente en regiones, el uso indiscriminado, arbitrario e injustificado de recursos públicos. Si vamos a conversar, dejemos de lado esa obstinada forma que ha tenido el Gobierno de tratar de avanzar sin escuchar y considerar que los empresarios, los grandes, los medianos, los pequeños y los chicos, son enemigos. No es así. Los empresarios, los trabajadores y los diputados tenemos harto que aportar si queremos recuperar la inversión, fomentar el desarrollo y volver a crecer".
El presidente de la comisión de Hacienda, Carlos Bianchi (IND-PPD), expuso al medio antes citado que "hay que motivar que los acuerdos se logren, pero siendo muy realista, y no haciendo ciencia ficción, lo que vamos a tener es avances en lo que tenemos hoy en el Congreso, si es que logramos sacar uno o dos de los proyectos pendientes".
Por último, y desde la Comisión de Economía de la Cámara Alta, el senador Gastón Saavedra (PS) sostuvo que "es evidente que el diálogo democrático va a permitir que el país avance, que vaya generando acuerdos, que vaya generando consenso en una materia tan sensible como la economía. Esta agenda económica permite despejar temas que hoy día atrofian las posibilidades de llevar adelante las tareas que permitan avanzar en crecimiento, con ello mejorar la productividad, pero al mismo tiempo lograr que haya mayores inversiones para que hayan mayores puestos de trabajo, que es parte de las tareas pendientes en materia económica. Y que además tenemos que tener claro que todas las modificaciones que se hagan concordadas en un gran consenso, van en beneficio a la ciudadanía. En la medida que tengamos inversión, vamos a generar también solución al problema del empleo".
Las 21 iniciativas
Uno de los proyectos de ley que se priorizará es el de Cumplimiento Tributario, el cual pretende incrementar la recaudación fiscal en un 1,5% del PIB, según el Ministerio de Hacienda, "para destinar dichos recursos al financiamiento de las prioridades de gasto definidas en el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, particularmente al financiamiento de del incremento de la Pensión Garantizada Universal a $250.000 y de la seguridad pública, como el combate al crimen organizado".
Otro, es el que crea una Agencia de Calidad de políticas públicas, cuyo objetivo sería "propender al impacto positivo de las iniciativas de política pública sobre la eficiencia y el bienestar, velando por el uso eficiente de los recursos y el ejercicio de las facultades del Estado".
También está el proyecto de ley que crea un Consejo de Infraestructura; el que establece bases de las transferencias a personas e instituciones privadas; el que crea el Registro de Beneficiarios Finales; el que crea el Servicio de Auditoria Interna de Gobierno; el que modifica la ley Nº 20.128 sobre responsabilidad fiscal; y el que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia.
Por otro lado, está el objetivo de tramitar indicaciones al proyecto de ley de "Transparencia 2.0"; y tramitar indicaciones al proyecto de ley de integridad a los municipios.
Dentro de las 21 iniciativas a priorizar, también se encuentra el proyecto de ley que establece una ley marco de autorizaciones sectarias y modifica cuerpos legales; el que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones enmadera de plazos y sanciones por incumplimiento; el que regula las desaladoras; el de cabotaje; la reforma al sistema registral; el proyecto de ley que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional, conocido como "regiones más fuertes"; el proyecto de ley para la reactivación del turismo; el hecho de tramitar indicaciones al proyecto de ley sobre concesiones marítimas y borde coste; presentar indicaciones sustitutivas a la Ley de Patrimonio Cultural; el proyecto de ley que crea la Agencia de financiamiento para el desarrollo y creación de un fondo para incentivas la inversión en empresas de capital de riesgo y etapas iniciales de su desarrollo; y la propuesta para uniformar reclamos de ilegalidad.
