Crece la presión para que el Gobierno intervenga y ponga fin al bloqueo por parte de trabajadores eventuales que mantiene paralizado hace 50 días al Puerto Coronel -Región del Biobío-, y es que desde el mundo empresarial han sacado la voz ante el perjuicio que está generando esta situación para el comercio exterior del país y han urgido a las autoridades a actuar.
La empresa Camanchaca, por medio de un comunicado, informó de un complejo escenario debido a que su planta se encuentra en la comuna de Coronel y produce congelados, conservas de jurel, además de harina y aceite de pescado para el mercado interno, pero una gran parte para destinos de exportación.
A través de un comunicado informó que la compañía y los gremios en que participa, han pedido al Gobierno que "
haga cumplir la ley y el Estado de Derecho a fin de que el puerto pueda retomar su funcionamiento y evitar un agravamiento aún mayor de los impactos".
Mario Aguilera Astudillo, gerente de logística y operaciones comerciales de Camanchaca detalló los graves problemas que está enfrentado la empresa por la incetidumbre en cuanto a sus envíos de productos de consumo humano.
"Hace 50 días tenemos cinco contenedores con choritos atrapados al interior del puerto equivalentes a 110 toneladas de producto de alto valor. No sabemos si las condiciones de almacenamiento se han mantenido o si seguirán aptos para poder exportarlos y arriesgamos perder esa producción", detalló Aguilera.
"Hace 50 días tenemos cinco contenedores con choritos atrapados al interior del puerto equivalentes a 110 toneladas de producto de alto valor"
Mario Aguilera Astudillo, ejecutivo de Camanchaca
El responsable de la logística comercial de la compañía agregó que el caso más grave representa una carga de 6.200 toneladas de jurel congelado para exportación.
"Alcanzamos a cargar 1.200 toneladas en el barco cuando partió el paro y no pudimos concluir el embarque. Tratamos de llevar esa carga a otros puertos de la zona y la Unión Portuaria bloqueó otros terminales regionales para evitar las exportaciones, profundizando la afectación", añadió.
El ejecutivo agregó que la disrupción logística "es tremenda para quienes operamos en Biobío. Insisto, esto tendrá repercusiones graves que es difícil estimar hoy, pero lo cierto es que se habrá dañado la confianza en el país. A la fecha, las pérdidas superan los US$800 mil".
El llamado de Camanchaca se suma al que realizó Puerto Coronel, en el que instó al Gobierno a "asegurar el orden público" y a "actuar con decisión" con respecto a esta situación. Esto, en respuesta a los dichos de ayer de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien llamó a la empresa a "buscar soluciones que permitan retomar la actividad productiva".
Frente a ello Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) -que agrupa a los más de 160 actores de la industria forestal en Chile- manifestó que "estamos hablando de un paro ilegal que impide el normal funcionamiento del puerto y es un eslabón fundamental de toda la cadena productiva de la Región del Biobío".
"Necesitamos una intervención decidida del Ejecutivo para superar la difícil situación que está viviendo una región completa del país"
Juan José Ugarte, presidente de Corma
"Obstrucción de caminos, imposibilidad de acceder al puerto, quemas en la línea férrea. Estamos hablando de afectación de infraestructura crítica. Por lo tanto, necesitamos una intervención decidida del Ejecutivo para superar la difícil situación que está viviendo una región completa del país", cerró.
Parlamentarios
Desde el Congreso -y diputados de la zona- también hubo algunos reparos al Ejecutivo.
Por ejemplo, la diputada Flor Weisse (UDI) afirmó que "el Gobierno debería ser garante de las soluciones que se puedan lograr para resolver este conflicto y que se pueda deponer el paro de actividades lo antes posible".
"Si bien se trata de un tema entre privados, el transporte de carga en el principal puerto de la Región del Biobío, tiene un efecto público. Mientras más dure la paralización, más daño se produce en la economía de la región y del país", añadió a El Mercurio.
En tanto, el diputado Félix González, (ind- de la bancada Frente Amplio) dijo que "lo que esperaría es una mayor intervención del Gobierno para poder resolver el conflicto y que el puerto vuelva a operar".
En tanto, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) sostuvo que, "para ver si existe una real intención de diálogo y búsqueda de acuerdos, es necesario que las autoridades regionales y los representantes del gobierno hagan su trabajo".
"Acá esto está en una concesión marítima y, si bien es privado, cumple un rol estratégico que involucra empleos directos e indirectos", concluyó al citado medio.
