La semana pasada el Consejo para la Transparencia (CPLT) detalló que el número de empleados públicos creció en un 2,2% a septiembre de 2023, en comparación con el mismo mes del año anterior. Parte importante de ese crecimiento, se encuentra en los municipios, según el organismo.
Son 376.367 los empleados de municipios que logró constatar el CPLT, el 46% del total de trabajadores del Estado. Sin embargo, el organismo dio cuenta de un preocupante antecedente: el 35% de los municipios exhibió problemas en la disponibilidad o actualización de la información de su personal.
Esto, abrió dudas en diversos sectores. ¿A qué se debe el aumento de empleados municipales? ¿Por qué un número tan alto de municipios presenta dificultades para acceder a las cifras?
Los expertos creen saber que ocurre: el aumento en el número de empleados tendría relación con que este año es electoral, mientras que las falencias para acceder a la información estarían ligadas a falta de recursos, poco profesionalismo en el área y una voluntad política que no está interesada en avanzar en ese aspecto.
Dificultad para Transparencia
Marcelo Drago, ex presidente del CPLT, explica que hay un conjunto de municipios que tiene problemas de capacidad institucional para cumplir con transparencia. "Son cargas administrativas relativamente pesadas", dice.
En esa línea, recalca: "Hay un conjunto de municipios a los que eso les cuesta. Porque tienen poco personal, son pequeños. Muchos de ellos son rurales. Entonces un alcalde de ahí tiene que decidir entre contratar a un asistente social adicional o un administrativo a cargo de esto. Termina optando por el asistente social".
Sin embargo, dice que estas situaciones son acotadas. Y pone un énfasis en otro elemento.
"La transparencia es algo que no promueven (algunas autoridades municipales), que tratan de minimizar, de mantener en el cumplimiento mínimo obligatorio. Porque es el sistema que le permite a terceros ejercer un control sobre esas autoridades", explica.
Así, añade que "es una cuestión de voluntad política, de no creer en la transparencia como un activo de su gestión, sino que como un pasivo. Creer que es una carga tener que estar rindiendo cuentas".
José Miguel Izquierdo, director de Imán Comunicación y asesor de Gobierno durante la primera administración del ex Presidente Sebastián Piñera, en tanto, sostiene que "esa tarea (transparencia) no es asumida con gran profesionalismo de parte de las municipalidades".
Así, indica que "las dotaciones a honorarios son súper discrecionales. Es muy difícil acceder a esa información".
Agrega, a eso, que "dado que son unidades tan dispersas, para la Contraloría se le hace muy difícil controlar".
Cifra preocupante
Drago calificó de preocupante que el 35% de las municipalidades presenten problemas en la disponibilidad o actualización de la información de su personal.
"Ese número es altísimo. Estamos hablando de una situación grave de falla en el sistema de transparencia del país. La transparencia activa es la que mejor protege y previene la corrupción", explicó.
Además, aseveró: "Es una disciplina de los órganos del Estado estar siempre publicando o transparentando algo tan clave como las contrataciones, que es siempre lo primero que se mira".
Sus declaraciones van en línea con lo que planteó la semana pasada el actual presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, quien también calificó la situación como "preocupante".
Naverrete indicó la semana pasada, de hecho, que "todos los organismos que están supeditados a la Ley de Transparencia deben tener la información correspondiente publicada en sus sitios electrónicos para que la ciudadanía pueda acceder a ella sin barreras. En el caso de que persistan estas irregularidades, vamos a iniciar las investigaciones sumarias y establecer las responsabilidades y sanciones que correspondan, lo cual es nuestra misión mandatada por ley y que haremos cumplir".
La influencia del año electoral
Izquierdo asevera que siempre, para las elecciones, las direcciones de Desarrollo Comunitario aumentan sus dotaciones. "Eso ha sido histórico", dice.
Se explica, señala, "porque los alcaldes buscan acercar la información de los beneficios que han generado a la población. Sobre todo son las Dideco las que aumentan esas dotaciones".
Drago, por su parte, asevera que es posible que el año electoral esté influyendo. "Debieran estar cumpliendo más que menos. Me lleva a pensar que algunos están intentando ocultar gastos, ocultar contrataciones que aparentemente no tengan una explicación concreta", dice.
Cierra señalando: "Lamentablemente, puede haber algo de eso".
Marco Moreno, analista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, también ve que el fenómeno de las contrataciones tiene que ver con el panorama electoral.
En ese sentido, explica: "Va a ser difícil que se pueda revertir en la opinión pública la creencia de que esta decisión de aumento de la dotación no tiene que ver con el contexto de la elección".
Ministro de Hacienda también se refirió al alza
La semana pasada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también se refirió al alza de 2,2% en el número de empleados públicos.
"Como bien sabemos en la ley de presupuesto, se aprueba el presupuesto del Gobierno central, no el de las municipalidades y en la ley de presupuesto, se fijan dotaciones máximas de personal. Ningún servicio público puede exceder esas dotaciones de personal porque simplemente los nombramientos no serían cursados por la Contraloría General de la República, entre muchas otras cosas", dijo el titular de la cartera.
Dicho eso, explicó que "cuando se discutió el presupuesto para el 2024, se señaló que esas dotaciones aumentarían fundamentalmente para tres propósitos: en primer lugar, para la implementación de los SLEP ¿Por qué eso cambia la dotación de personal? Porque los profesores, el personal de los establecimientos educacionales que estaban en las municipalidades y por lo tanto, fuera de la cobertura del Gobierno central, al incorporarse al Gobierno central, iban a aumentar su dotación, pero si miramos el conjunto, eso no significa un aumento de personal en el conjunto del sector público".
"En segundo lugar", continuó, "para absorber a los trabajadores a honorarios del sector de la salud que habían sido contratados durante la pandemia y una parte de los cuales iba a incorporarse los servicios de salud y en tercer lugar, por la expansión de personal requerido en el propio sector de la salud ligado a la implementación de los nuevos hospitales, aumento de prestaciones de diversa naturaleza, todos debidamente fundamentados en la ley de presupuesto".
