En la Región del Biobío reina la incertidumbre. Desde que la siderúrgica Huachipato anunció la suspensión de sus operaciones, lo que se concretará en septiembre, miles de personas y cientos de pymes se preguntan cómo sobrevivirán económicamente. Es que la acerera genera alrededor de 20 mil empleos directos e indirectos, los que de desaparecer podrían generar una verdadera catástrofe en la zona.
Para evitar ese escenario, se ha comenzado a hablar de la implementación de un "Plan Marshall", que agilice la inversión, permita sostener los empleos y contribuya a que no se active un efecto dominó, en el que las pymes que proveían a Huachipato comiencen a caer.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha sido el encargado de asumir esta tarea. Ya se ha reunido con dirigentes sindicales y autoridades.
El detalle de lo que se llevará adelante, sin embargo, aún no se conoce.
El primer objetivo -señaló el secretario de Estado esta mañana en Radio Universo- apuntará a que todas las "empresas que son proveedoras de Huachipato tengan una alternativa, tengan un camino que les permita reorientarse hacia otros mercados hacia otras demandas, de manera de poder sostener esos trabajos".
Asimismo, explicó que "vamos a hacer una estrategia que nos permita evitar que se genere un efecto de más cierre". El plan, aseveró también, se presentará "en las próximas semanas".
Preocupación de parlamentarios
Parlamentarios de la región están preocupados por la situación que podrían enfrentar los habitantes del Biobío. La diputada Marlene Pérez (Ind. Udi), sostiene que "hasta el momento no ha existido mucha claridad sobre las medidas que se van a tomar para mitigar el impacto que esto va a tener en el empleo y en la economía de nuestra región. Creo que acá se debe dejar de jugar con las ilusiones de las personas y entregar certezas, eso debe hacerse en el breve plazo porque el cierre de esta siderurgia va a tener una serie de consecuencias para los pequeños negocios que prestan servicios o se proveen de esta empresa".
Por su parte, la diputada Karen Medina (Ind), explica que el escenario es "sumamente preocupante". Asevera, en esa línea, que "dado el desarrollo de los hechos, parece más apropiado también plantear soluciones alternativas, como fomentar la creación de nuevos empleos y empresas en nuestra región, con beneficios que hagan atractiva la inversión".
El diputado Eric Aedo (DC), en tanto, comenta que es lo que se está evaluando para enfrentar la crisis. Dice que se busca que los trabajadores "obtengan una negociación de salida de la empresa en mucho mejores condiciones económicas que lo que sólo establece la ley (...) Que sea una salida mucho más acorde, porque hay que recordar que los trabajadores postergaron la negociación colectiva en apoyo económico a la empresa para salir de la situación crítica".
En relación a la situación de los proveedores, Aedo sostiene que se baraja la opción de que algunos de ellos presten servicios fuera de la región. Aunque destaca que para estas empresas lo fundamental es que haya crecimiento económico.
"En el tema de inversiones -sostiene Aedo- es clave que avancemos con el proyecto de permisología en el Parlamento porque mucha de la inversión pública hoy día está detenida en la región producto de los enormes trámites y burocracias desde el Ministerio de Medio Ambiente y del SEA".
"Ahora solo queda solicitar rebaja de aranceles para incentivar creación de empresas que generen empleos y así evitar el problema que se nos viene en la Región del Biobío en que la cifra de desempleo se prevé sea 12%", indica, por su lado, el diputado Roberto Arroyo (PSC).
Expertos: Efectos podrían ser "devastadores"
Viviana Véjar, docente de Faro UDD Concepción, explica que de no tomarse medidas, "los efectos negativos que se producirían serían devastadores en el corto plazo". Explica, no obstante, que "en el mediano y largo plazo los agentes económicos vuelven a encontrar nuevas actividades productivas en la medida que se encuentren los incentivos necesarios para que se fortalezca la función empresarial".
"En esta etapa -agrega- el actor fundamental que determinará el éxito de la operación, es el Gobierno. Este debe dar certezas jurídicas en lo que se refiere a la defensa de la propiedad privada y la seguridad, para evitar los riesgos de confiscación que reducen la posibilidad de contar con el dinamismo económico necesario para que la región salga adelante".
Por su parte, Juan Pablo Pinto Geldrez, director de Ingeniería Comercial de la USS de Concepción, dice que el "impacto en el empleo puede frenar el desarrollo y crecimiento de la región. Considerando que la tasa de desempleo ya está alta, alrededor del 8,3 %, y que ha aumentado la tasa de informalidad, sumar más desempleo se transforma en un problema de desarrollo ya que se frena el consumo al haber menos poder adquisitivo".
Advierte, asimismo, que "hay que considerar también que, al aumentar el desempleo, podría aumentar la morosidad en el sistema financiero lo que pone en alerta a los bancos que adoptan medidas más restrictivas, sobre todo con operaciones de crédito de largo plazo, que son generalmente para la adquisición de bienes inmueble".
En relación a las industrias que se podrían potenciar para aminorar el daño del cierre de la siderúrgica, Pinto explica que "la región tiene seis puertos y perfectamente se puede desarrollar en las instalaciones de la siderúrgica un séptimo puerto. En el sector portuario también se puede potenciar el trabajo que hace Asmar y tal vez volver a poner en la mesa el proyecto del Dique 3 para la construcción de buques de gran envergadura".
"También -dice- debiese facilitarse el desarrollo de proyectos como el de tierras raras que está entrampado en burocracia administrativa".
Véjar concuerda con esto. Asevera que la alianza de CAP con la canadiense Aclara "ha sido un movimiento inteligente que ayudará a amortiguar los efectos negativos que se producen en el mercado laboral y en el aporte al crecimiento económico de la región".
