Distintos gremios empresariales se manifestaron luego de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, apuntara esta mañana a que los empleadores no pueden "desentenderse" de la seguridad de sus trabajadores.
Esto, en medio de la discusión que se abrió por la decisión de la Dirección del Trabajo (DT) -la cual ya fue levantada- de suspender las operaciones a público de una farmacia Salcobrand, luego de que fuese víctima de un "turbazo" la semana pasada.
"Debemos ser claros: la seguridad pública no es una responsabilidad que puedan asumir los empleadores. Las empresas están siendo seriamente afectadas por el aumento de la delincuencia y no es justo que, además, se les culpe por situaciones que están fuera de su control", dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio.
"Lo anterior no implica desconocer el rol que le compete a los empleadores como garantes de seguridad de sus trabajadores. Pero este deber no es absoluto puesto que tiene límites derivados de las posibilidades y medios con que cuentan los empleadores para gestionar los riesgos en el lugar de trabajo, cuestión que es imposible de contrarrestar cuando se trata del fenómeno de la delincuencia", añadió.
Asimismo, sostuvo que "el deber de protección que contempla nuestra legislación en caso alguno puede ser utilizado como una excusa por parte del Estado para eludir su principal función cual es la mantención del orden y la seguridad púbica de todas las personas".
"Las empresas -adicionó- contratan seguridad privada, implementan medidas de televigilancia, desarrollan planes y protocolos de seguridad y, a pesar de todo ese esfuerzo, la autoridad les exige cerrar y detener el legítimo desarrollo de sus actividades porque la situación está desbordada".
"Es vital que las autoridades enfoquen sus esfuerzos en soluciones efectivas que protejan tanto a los trabajadores como a las empresas en un entorno seguro y estable y que aborden la raíz del problema sin trasladar la carga a quienes también son víctimas de esta situación", concluyó.
Pakomio no fue el único que se refirió a la polémica. El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett también fue crítico con lo que ocurre.
"Las pymes hoy están en una situación muy diferente a las grandes empresas, quienes pueden invertir en seguridad, tecnología y protección a sus trabajadores. En ese sentido, hoy los emprendedores no cuentan con las espaldas financieras para seguir inyectando recursos en mayor protección a sus negocios y a sus colaboradores; creemos que eso siempre debiese correr por parte del Estado, que claramente ha estado ausente", señaló.
Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, al abordar la situación de la farmacia con el Diario Financiero, sostuvo que "uno es responsable de la seguridad de los trabajadores dentro del local de la empresa. Pero contra un robo, un asalto, un turbazo, uno no tiene nada que hacer".
"Cuando hay un grupo de gente que toma la decisión de entrar a una empresa, no existe el cómo poder evitar esa situación, por lo tanto, ese es el deber del Estado", añadió.
En ese sentido, ejemplificó: "Si llega un asaltante armado, que yo no me doy cuenta, entra al local y asalta a la gente y a los trabajadores que están ahí, yo no tengo nada que hacer. Entonces, no me hagan responsable a mí. Yo no tengo ningún mecanismo de control sobre eso".
