En enero de 2025 la reforma de pensiones debiera estar votándose en la Sala del Senado. Ese fue el plazo que se autoimpuso la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, donde se tramita actualmente la iniciativa. El camino, no obstante, ha sido arduo. Y no existe seguridad de que respecto de los nudos críticos del proyecto haya consensos al llegar la fecha.
Es que hasta ahora no se ha podido amarrar lo fundamental. Se mantienen discrepancias, primero, en torno al destino del 6%. En un comienzo el Gobierno presentó una iniciativa que destinaba la totalidad de ese porcentaje a un seguro social. Pero la oposición retrucó y no se movió de lo que consideró una postura inclaudicable: toda la nueva cotización a las cuentas individuales.
A medida de que avanzaron los meses -y de que el Ejecutivo constatara la imposibilidad de sacar adelante su idea original-, el porcentaje sufrió modificaciones. Y hoy se divide en 3 puntos a la cuenta individual, 2 a un préstamo estatal y uno que contribuya a la pensión de las mujeres, por las mayores expectativas de vida.
Otro de los asuntos en los que no se ha llegado a acuerdo y que está en el corazón de la discusión es el de la reorganización de la industria. Sobre esta, el Gobierno se había inclinado por la licitación del stock de afiliados, con el objetivo de impulsar una mayor competencia en comisiones. La idea generó debate, pues algunos hablaron de una medida "incostitucional" e incluso de una "estatización de los fondos".
Aunque expertos de renombre, como los economistas Salvador Valdés, Eduardo Engel y David Bravo defendieron la idea. Esto, sobre la base de la "inercia" que existe por parte de los afiliados, que los llevaría a pagar mayores comisiones. En cualquier caso, el asunto aún no está zanjado en la Comisión de Trabajo, pues en la oposición no están seguros del impacto que podría generar.
En la Comisión, asimismo, el Gobierno ha insistido en una división de la industria, idea que no solo no es del gusto de la oposición, sino que tampoco de la mesa técnica que la Comisión mandató a evaluar las propuestas. En específico, del documento que emanó de esta derivó la idea de un seguro social transitorio y focalizado y, precisamente, una organización industrial que mejores la competencia, sin impactar la rentabilidad.
Lo que viene
En algunas materias -no las fundamentales- los senadores han logrado votar ad referéndum y aprobar ciertos artículos. Se acordó, por ejemplo, la forma en la que se enfrentarán las lagunas previsionales. Asimismo, se dio el visto bueno a una serie de cambios al sistema de cobranza previsional. También se avanzó en subir el ahorro previsional de los independientes.
El plazo de enero, no obstante -junto con los temas claves que no han podido cerrarse-, preocupan. La senadora Alejandra Sepúlveda (Ind), de la Comisión de Trabajo, de hecho, sostiene que había un nudo que parecía haberse superado y que ha vuelto a estar en discusión: el de la licitación del stock de afiliados.
"Algunos se dieron vuelta la chaqueta (...) Vamos a tener complicaciones. Sin duda estamos dispuestos a esucharnos. Pero si no, en democracia hay que votar. Y yo creo que la votación se va a dar en aquellas cosas que son más complejas, quizás la distribución del 6%", explica a Emol.
"Yo espero que todos los sectores políticos que conformamos la Comisión de Trabajo, cumplamos este compromiso y hemos dicho, permanentemente, tenemos que hacer más sesiones en la semana para llevar a cabo esto que es tan importante para los jubilados de hoy como también para los futuros jubilados", agregó.
El senador Juan Antonio Coloma (UDI), también parte de la instancia, en tanto, señala a El Mercurio que si habían 10 temas relevantes, hay siete que están resueltos. "Lo que pasa es que falta la última parte, que es la más compleja", dice. Y añade que el proyecto, tal como se acordó, será despachado en enero, independiente de los acuerdos que se alcancen.
Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS), quien también ha protagonizado la discusión, indicó al medio citado creer que los plazos sí se cumplirán. Aunque reconoció que "es complejo, sí, porque hay que ir contrayendo muchos acuerdos, disponer de mucha voluntad política para sacar adelante algunas tareas, pero creo que hemos avanzado bastante".
Desde el oficialismo, en todo caso, esperan que los resultados de las elecciones del domingo -en la que quedaron con 9 gobernadores versus los 6 de la oposición- contribuyan a una flexibilización de Chile Vamos en la materia, en el sentido de que azucen el ánimo de acuerdos.
Fue la misma ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejó, quien solicitó replicar el ánimo que, a su juicio, ha primado tanto en el trámite del erario fiscal como en la reciente elección. "Se logró (avanzar) dado que habíamos generado un espacio de mayor entendimiento y diálogo y menos confrontación", expresó.
Añadió, asimismo y según recoge El Mercurio, que "por eso, el resultado de la elección es un reimpulso a esto que está sucediendo y que esperamos que prime (...), en todas las otras leyes y reformas que tenemos pendientes".