La polémica en torno al proceso de devolución de los cobros en exceso de las Isapres no cesa y la situación ha provocado duros cruces entre el Gobierno y el Congreso, dado que nadie quiere asumir el costo político por las consecuencias de una denominada "ley corta" impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo
Todos coinciden en que dicha normativa era necesaria para garantizar el pago de la deuda exigido por un fallo de la Corte Suprema, junto con asegurar la sostenibilidad del sistema privado de salud, lo que "se ha logrado" insisten en el Ejecutivo. Sin embargo, no ha sido fácil enfrentar las críticas por el plazo de hasta 13 años que tienen las Isapres para concretar las devoluciones, que en muchos casos se traducen en cuotas mínimas mensuales que no superan los $1.000.
Por eso la presión para que las autoridades busquen una fórmula que permita acelerar los pagos crece y crece.
Desde el Congreso, de hecho, ya se han presentado algunos proyectos de ley que apuntan a aquello, los cuales buscan acotar el plazo máximo de devolución a cinco años o establecer que la cuota mínima mensual sea de una UF, es decir, unos $38 mil.
Desde el Gobierno, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo ayer que "nosotros no hemos pensado presentar iniciativas" para acotar los plazos, pero sostuvo que "vamos a estudiar lo que plantean los parlamentarios. Como siempre, estamos abiertos a sus sugerencias".
Por su parte, el superintendente de Salud, Víctor Torres -sobre quien caen la mayor parte de las críticas por haber aprobado los planes- expuso ante la comisión de Salud del Senado, y aseguró que estos planes de devoluciones son "dinámicos", permitiendo ajustes a medida que mejoren los resultados financieros de las asegurados, las cuales reportaron pérdidas de más de $91 mil millones a septiembre.
Dicho eso, señaló que "las Isapres tienen que aumentar el esfuerzo que han hecho hasta ahora para poder cumplir en mejores condiciones", aludiendo a la posibilidad de un aumento de capital por parte de los controladores de las aseguradoras. De todas formas, recalcó que no puede obligarlas a hacerlo. Sí sostuvo que convocará la próxima semana a una reunión con las Isapres para abordar posibles mejoras en el proceso.
Por ahora, las únicas Isapres que harán uso del plazo máximo de 13 años son Banmédica, Cruz Blanca y Vida Tres. En contraste, otras compañías han adoptado estrategias diferentes. Colmena, por ejemplo, estableció desde un inicio un plazo de 10 años, mientras que Nueva Masvida anunció un adelanto en sus pagos.
Según un comunicado de esta última, "los montos serán restituidos en el próximo mes a un tercio del grupo de afiliados y ex afiliados con derecho a devolución, disponibilizándolos en enero de 2025, mientras trabaja en las proyecciones para que el segundo tercio reciba su restitución durante el mismo año".
Para finales de 2025, Nueva Masvida estima que el 66% de los beneficiarios habrá recibido el monto completo.
De hecho, Torres señaló ante el Senado que dos Isapres han respondido al llamado de la superintendencia para acelerar los pagos. "Una de ellas plantea que va a pagar el 33% de su deuda en dos cuotas, diciembre y enero; es la Isapre Nueva Mavida". Mientras que Colmena habría informado que tiene a disposición $300 millones para adelantar algunas devoluciones.
"Ante el llamado que hemos hecho a las Isapres de que efectivamente mejoren las condiciones, por lo menos hay dos que ya han reaccionado", acotó el superintendente.
Consalud, por su parte, señaló en un comunicado que ha realizado un "esfuerzo financiero significativo y añadió que 4.700 afiliados recibirán el pago total en una sola cuota, además de haber "acelerado el proceso para el 23% de los beneficiarios frente al plazo máximo permitido".
¿Fijar un monto mínimo?
En línea con lo que han sugerido algunos parlamentarios y el mismo comité de expertos que asesoró en la confección de la ley corta de Isapres, el ex superintendente de Salud, Héctor Sánchez, indicó que aquello "hoy en día es inviable políticamente".
"Debería haberse aplicado originalmente", añadió, asimismo, expuso que las recientes modificaciones de los planes de pago por parte de algunas Isapres reflejan serias falencias en la legislación. "El problema es que la legislación permite un plan de pago evaluado por un consejo asesor, pero ahora vemos que algunas Isapres están ajustando sus plazos tras la reacción de la ciudadanía. Eso demuestra que el plan inicial estaba con el tejo pasado", afirmó.
"En definitiva lo que hicieron (las Isapres) fue colocar el máximo posible y ahora que vieron las consecuencias reanalizaron su situación financiera y se dieron cuenta que podían hacerlo en menor plazo" dijo. En ese sentido, Sánchez fue categórico al señalar que este tipo de prácticas "son poco serias" y afectan la confianza de los afiliados".
El experto también apuntó a la responsabilidad de las autoridades. "La ley está mal hecha. El Consejo no hizo su pega, y el superintendente de Salud tampoco. Permitieron que esto sucediera". Finalmente, advirtió que las Isapres que no modifiquen sus plazos también enfrentarán costos reputacionales. "La gente podría abandonar no solo esas Isapres, sino el sistema privado en general", concluyó.
Por su parte, el ex superintendente Manuel Inostroza, se sumó a las críticas y apuntó al manejo del proceso legislativo y operativo que llevó a la actual crisis en el sistema de Isapres. En ese sentido, destacó dos momentos clave que marcaron el devenir de los hechos: el debate legislativo inicial y las fallas operativas en la implementación de las medidas aprobada.
Sobre lo primero, sostuvo en conversación con Radio Duna que "hubo un primer momento en la discusión legislativa, donde se generó una sobreexpectativa, y donde no se quiso escuchar a la opinión de los expertos". Destacó que la falta de atención a estas advertencias tuvo consecuencias directas para los afiliados.
El exsuperintendente también criticó que se dejara de lado una reforma estructural que buscaba soluciones a largo plazo. "Se tenía que hacer una reforma, porque esto no podía ser salvar la quiebra a cambio de nada. Y para que esto no se volviera a producir, había que eliminar las preexistencias, eliminar la cautividad, establecer un fondo de compensación de riesgo", sostuvo.
Esta propuesta, conocida como "ley larga", quedó estancada. "Claramente si hay leyes testimoniales para el último tramo de Gobierno, ya se pasó el momento político. Hoy día no hay ninguna posibilidad que eso se apruebe", sentenció.
