El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó hoy un análisis sobre el impacto en las finanzas públicas del Crédito con Aval de Estado (CAE), en el que identifica variables clave que deberían corregirse en la contabilidad fiscal para reflejar adecuadamente sus efectos, ya que históricamente han existido algunos problemas en su forma de registro.
Así, este informe es un insumo de diagnóstico desde un enfoque exclusivamente fiscal para aportar a la discusión de un eventual nuevo sistema de financiamiento de la educación superior -deonominado FES-, proyecto que será votado en general esta tarde por la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el cual el CFA también analizará durante los próximos meses.
En específico, el CFA identifica que el CAE tiene efectos fiscales por diversas vías. Por una parte, el Estado participa como garante de los créditos en poder de los bancos; y, por otra, realiza transacciones que afectan la composición de los activos y pasivos fiscales, así como su patrimonio neto.
Según datos de Comisión Ingresa proporcionados por la Dipres, entre 2019 y 2023, la compra de créditos CAE por parte del Fisco promedió 13,5 millones de UF por año, sumando un total de 67,5 millones de UF en el período, lo que equivale a US$2.666 millones, un 0,9% del PIB.
En ese mismo lapso, por concepto de activación de garantías y de beneficios para los deudores (por ejemplo, por cesantía o estudios en el extranjero) el fisco pagó en amortizaciones del capital adeudado 23,8 millones de UF, equivalente a 0,3% del PIB, unos US$ 946 millones; y por intereses, pagó 1,8 millones de UF, US$70,6 millones, lo que equivale a 0,02% del PIB.
A lo anterior se suma que, en el mismo periodo, el monto total garantizado de créditos fue de 31,2 millones de UF, unos US$ 1.235,4 millones, equivalentes a 0,4% del PIB.
Problemas históricos de registros contables
Dado que el CAE requiere todos los años una cantidad significativa de recursos públicos, y que su registro en las cuentas fiscales se hace en distintas líneas que tienen un grado de dificultad para ser monitoreadas de manera integral, es que el CFA centró su análisis en identificar dichos registros y evaluar si reflejan adecuadamente el impacto fiscal del CAE.
Entre los problemas que identificó el CFA, se cuenta que los pagos realizados por los deudores del CAE correspondientes al capital de los créditos en poder del fisco son registrados como ingresos y no como devolución de un crédito. Al respecto, entre 2019 y 2023, la recuperación de préstamos registró un promedio anual de 4,7 millones de UF, es decir, unos US$210 millones equivalentes a 0,06% del PIB.
Otro problema se refiere a que existen egresos que disminuyen el patrimonio neto del fisco, pero que no se registran como gastos. Tal es el caso del sobreprecio que paga el Estado al comprar créditos a los bancos, recursos que no se recuperan con la cobranza del crédito. Entre 2019 y 2023, este recargo registró un promedio anual de 2,7 millones de UF, unos US$ US$105 millones, equivalentes a 0,04% del PIB. En total, el impacto promedio anual de estos factores en conjunto sobre el balance fiscal alcanza aproximadamente un 0,1% del PIB, reflejando la importancia de corregir los registros contables para capturar adecuadamente las implicancias financieras del CAE.
En consecuencia, la contabilidad que históricamente se ha realizado del CAE genera un sesgo al alza en el registro de los ingresos fiscales y a la baja en los gastos. Por ello, el CFA recomienda que la Dipres, en coordinación con la TGR y la CGR en lo que corresponda, corrija la forma en que se realizan estos registros, para mostrar de manera precisa la situación financiera y patrimonial del fisco, reflejada tanto en los indicadores de balance efectivo y estructural del gobierno central, así como en los registros de sus activos y pasivos, considerando los ajustes retrospectivos necesarios para efectos de comparabilidad.
Créditos incobrables no reconocidos como tales
A juicio del CFA, podría existir un monto considerable de créditos incobrables en poder del fisco que no han sido reconocidos como tales. De hecho, la proporción de créditos con garantía ejecutada ha aumentado considerablemente en los últimos años.
A 2018, un 18,5% del total de créditos en poder del fisco se encontraba en tal situación, cifra que aumentó a 48,8% en 2023. Para el caso de los créditos en manos de los bancos se observan cifras similares, puesto que aquellos con garantía ejecutada aumentaron desde 22,4% a 46,5% en igual período.
Lo anterior significa que podría haber un monto significativo que, históricamente, no se ha registrado como gasto asociado al CAE. Por ello, el CFA señala que es fundamental que la Dipres cuantifique este efecto para dimensionar el gasto efectivo total que implica el CAE en la actualidad, lo cual serviría como referencia para un sistema que busque reemplazarlo.
