El consorcio IAF, controlado por la firma estadounidense ARC Energy, se hizo este martes con el control de la participación accionarial estatal mayoritaria en la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), a cambio de capitalizar la compañía y refinanciar su millonaria deuda.
La firma se quedó con una participación del 63,7 % que estaba en manos del Estado argentino y de otra, del 21,2 %, bajo titularidad de la provincia de Mendoza, donde tiene su sede IMPSA.
El resto de las acciones de la metalúrgica argentina permanecen en manos de la
familia Pescarmona (5,3 %), fundadora de la empresa, y de
fideicomisos de garantía de los acreedores de la compañía (9,8 %).
La operación concretada este martes no es una privatización como tal, sino un traspaso a manos privadas de una participación accionarial que estaba en manos estatales de una compañía que ha tenido socios privados desde su fundación en 1907.
Con todo, esta transferencia de acciones se inscribe en las políticas del Gobierno de Javier Milei para que el Estado se desprenda de activos.
Según informó este martes el Gobierno de Mendoza en un comunicado, el consorcio IAF presentó una oferta de capitalización de IMPSA por US$ 27 millones y se comprometió a refinanciar la deuda de la compañía de US$ 576 millones.
Los aportes de capital se harán en cuotas sucesivas, hasta el primer semestre de 2026.
"Hoy concretamos la primera privatización del gobierno de Javier Milei con la firma del contrato de transferencia de las acciones clase C de IMPSA al consorcio IAF, liderado por ARC Energy. Con este paso, la empresa vuelve a manos privadas para potenciar su crecimiento y generar empleo genuino", señaló en su cuenta de X la vicegobernadora mendocina, Hebe Casado.
IMPSA, con sede en Mendoza y en la que trabajan 720 personas, desarrolla el diseño, la ingeniería, la fabricación, el montaje y la puesta en marcha de proyectos hidroeléctricos, parques eólicos, centrales de generación de energía nuclear y equipos de proceso para la industria de los hidrocarburos.
En una situación financiera crítica, en octubre de 2020 la empresa solicitó asistencia del Estado, un proceso que desembocó en 2021 en la compra por parte del Estado nacional y de la provincia de Mendoza de un paquete accionarial mayoritaria por 20 millones de dólares.
En julio de 2024, los Gobiernos de Argentina y Mendoza anunciaron el inicio del proceso para sanear las cuentas de la empresa, garantizar la continuidad de sus operaciones y concretar su capitalización privada para evitar la quiebra de la compañía.
Tras ese anuncio, el consorcio liderado por ARC Energy, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de plantas y equipamientos en la industria del petróleo y el gas, manifestó su interés por ingresar a IMPSA.
