En medio de un escenario complejo en torno al mercado laboral, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca reformular los subsidios al empleo e incentivar las contrataciones con un nuevo instrumento: el Subsidio Unificado de Empleo (SUE).
La iniciativa, fue presentada por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, la cual, según expuso, promete mayor cobertura, eficiencia y flexibilidad, enfocándose especialmente en grupos con más dificultades para insertarse en el mercado, como mujeres, jóvenes, personas mayores de 55 años y personas con discapacidad.
"El foco del Gobierno está centrado en construir herramientas que apunten a la creación de puestos de trabajo formales. En ese marco, hoy iniciamos en la Cámara de Diputadas y Diputados la tramitación de un proyecto que moderniza los sistemas de subsidios laborales", sostuvo el ministro Boccardo.
Y agregó que la propuesta "se presentó a la CPC, a las pymes, a la CUT y ha generado un amplio acuerdo. Esperamos que se tramite con celeridad en el Congreso, para que se pueda implementar pronto y abordar de forma efectiva la problemática del mercado laboral".
En concreto, el nuevo subsidio reemplazará al Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes, simplificando su diseño y aumentando los montos, con un tope de hasta $185.000 mensuales por trabajador entre lo que reciben empleador y trabajador.
También se introduce un enfoque para las empresas de menor tamaño, que permitirá a las pymes acceder al beneficio para un máximo de 200 trabajadores por mes, con pagos escalonados y diferenciados.
Desde el mundo empresarial, Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas de Sofofa, también valoró el enfoque del Gobierno y manifestó que en Sofofa promueven "un enfoque de eficiencia en el uso de los recursos públicos. El proyecto que crea un Subsidio Unificado al Empleo va en esa línea, al simplificar tres subsidios actualmente vigentes", señaló.
Y añadió que "una adecuada unificación permitiría focalizar mejor los apoyos y aumentar su efectividad para facilitar la inserción formal de los trabajadores, especialmente en un contexto de estancamiento del empleo".
No obstante, Mujica advirtió sobre posibles efectos adversos si no se afinan ciertos aspectos técnicos.
"Es fundamental realizar un análisis técnico riguroso del proyecto, con el fin de evitar efectos no deseados y asegurar que los apoyos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan", indicó.
En particular, mostró reparos respecto a las exigencias de desempleo continuo o discontinuo como condición de acceso. "Umbrales como el requisito de seis meses de desempleo continuo o ocho meses discontinuos podrían excluir, en una etapa inicial, a jóvenes que buscan su primer empleo o a mujeres con trayectorias laborales intermitentes", reprochó a Emol.
"Sofofa reitera su disposición a contribuir al debate legislativo, con el objetivo de que el diseño final de esta política pública responda a las necesidades reales del mercado laboral y logre los impactos esperados en materia de formalización y empleabilidad", concluyó.
Desde el mundo académico, la propuesta ha generado una lectura mayoritariamente positiva, aunque también se advierten elementos que podrían revisarse durante la discusión parlamentaria.
La economista Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, valoró que el Gobierno proponga unificar y fortalecer los subsidios.
"Creo que es un avance esta racionalización de todos estos programas que tenemos pro empleo en un solo subsidio y que sea equivalente con los mismos requisitos, en ese sentido creo que esto es un avance. Los montos del subsidio son más significativos que los actuales, lo cual lo hace más atractivo, porque en los actuales los montos son tan reducidos que al final, y como hay varios, tienen bien poco uso", afirmó.
Sin embargo, la experta también planteó algunos reparos respecto al diseño propuesto y remarcó que "no me queda muy claro por qué es hasta los 64 años y no más adelante. Yo creo que también es prioritario apoyar a personas de más de 64 años que quieran prolongar su vida laboral y en ese sentido dar un incentivo correcto".
En esa línea, planteó que "yo no lo cortaría a los 64 años, eso me parece un punto bien importante", comentó.
Cifuentes también cuestionó la duración del subsidio y sostuvo que "el de ahora dura cuatro años, a lo mejor es mucho. Yo creo que es razonable acortarlo porque además hay una restricción presupuestaria, pero un año puede ser poco. De hecho, el Gobierno plantea que este subsidio ahorra recursos respecto a los de ahora, y eso me llama la atención, porque entonces está estimando que va a tener poco uso".
A juicio de la economista, este último punto podría generar un efecto no deseado en las relaciones laborales.
"Lo ideal sería prolongarlo un poco más, pensando sobre todo en tratar de prolongar también las relaciones laborales, que en Chile, por el tema de las indemnizaciones por años de servicio, muchas veces duran solo un año. Aquí habría un estímulo adicional a terminar la relación al año, entonces creo que eso habría que revisarlo", señaló.
En tanto,
Juan Bravo, economista y director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), entregó una visión favorable al proyecto.
"Considerando el contexto en donde las cifras más recientes dan cuenta de un mayor deterioro del mercado laboral, este proyecto de ley es muy bienvenido y necesario", sostuvo.
Bravo enfatizó que la iniciativa "apunta en el sentido correcto" al unificar subsidios, ya que esto "evita duplicidades, reduce la complejidad del sistema y facilita su administración y ejecución".
Además, valoró aspectos técnicos específicos como el diseño escalonado de los montos y su capacidad de reajuste, lo que permitiría mantener su efectividad en el tiempo.
"El proyecto aborda aristas clave como los montos y su reajustabilidad, de modo de evitar que con el paso del tiempo estos instrumentos pierdan eficacia", explicó.
Bravo también destacó que se incluya al segmento de personas mayores entre los beneficiarios, un grupo que ha sido especialmente afectado por el desempleo de larga duración, agregando que la propuesta contempla una reasignación de recursos fiscales "que permite incorporar nuevos segmentos que necesitan contar con este tipo de apoyos".
En definitiva, según el economista de la UDP, el proyecto "está bien diseñado desde el punto de vista técnico y debería ser aprobado lo antes posible dado el deterioro del mercado laboral".
