Un conflicto entre el Ministerio de Hacienda y la Fundación San Ignacio relativo al Registro Público de Entidades Donatarias -condición necesaria para que los aportes privados al fondo de becas del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle (SIAO) cuenten con beneficios tributarios- escaló hasta la justicia y ha provocado críticas desde el mundo político y educacional.
En concreto, la situación se enmarca en la Ley 21.440, que fue promulgada en abril de 2022 y establece un régimen de donaciones con beneficios tributarios para apoyar a entidades sin fines de lucro en Chile.
Esta ley modificó un decreto sobre Rentas Municipales, regulando así el sistema de donaciones. El registro y portal de donaciones es gestionado por una Secretaría Técnica que depende de la Subsecretaría de Hacienda.
Bajo ese contexto,
Juan Cristóbal García Huidobro, presidente de la Fundación San Ignacio, manifestó su preocupación en una carta publicada en El Mercurio ayer, en la que sostuvo que "desde hace siglos, la Compañía de Jesús ha tenido un rol activo en la educación chilena con una propuesta que une excelencia académica, desarrollo espiritual y compromiso social".
En ese sentido, defendió el sistema de becas del colegio, indicando que "esa experiencia de integración no es anecdótica, ha sido transformadora tanto para los becados como para toda la comunidad escolar".
Dicho eso, García Huidobro señaló que la solicitud para acceder al beneficio fue rechazada por Hacienda bajo el argumento de que, al tratarse de un colegio particular pagado, "no hay beneficio público".
Frente a ello, planteó: "¿Acaso no es beneficio público que en el espacio socioeconómicamente cerrado de los colegios particulares pagados se generen oportunidades reales de integración?".
Consultado por Emol, desde el Ministerio de Hacienda señalaron que la mencionada fundación decidió llevar el tema a sede judicial, a través de un recurso de protección "del cual como cartera tuvimos conocimiento y notificación recién el pasado lunes 7 de julio".
La cartera liderada por Mario Marcel agregó que dado que "los recurrentes presentaron antecedentes con reserva, el recurso se mantendrá en esas condiciones y como Ministerio no podemos referirnos a la causa mientras está en tramitación".
"La Fundación al no recurrir por vía administrativa, no ejerció la posibilidad que el conflicto fuera zanjado por las autoridades del Ministerio (de Hacienda), sino que prefirió plantear sus reparos en sede judicial, que como Ministerio deberemos acatar y observar según lo que resuelvan los Tribunales de Justicia".
"La Fundación al no recurrir por vía administrativa, no ejerció la posibilidad que el conflicto fuera zanjado por las autoridades del Ministerio".
Ministerio de Hacienda
Finalmente, Hacienda remarcó que "los requisitos para entrar al Registro Público de Entidades Donatarias -y acceder, en consecuencia, a franquicias tributarias- se encuentran expresos en el Título VIII bis, letra C del artículo 46 A, de la Ley 21.440".
La situación también generó eco en el Congreso. En una carta publicada por el mismo medio bajo el título "Apelamos al ministro Marcel", por la senadora DC y exministra de Educación, Yasna Provoste, quien respaldó a la Fundación señalando que "en sus casi 170 años de historia, el SIAO ha impulsado una educación inclusiva y transformadora y su fondo de becas por 60 años ha permitido acceso a familias que no pueden pagar la educación particular privada".
Provoste criticó la decisión de Hacienda, afirmando que "la burocracia gubernamental aparece extraviada, levantando barreras contra quienes con seriedad y compromiso trabajan por una educación más justa, integradora y diversa".
Y cerró su mensaje: "Apelamos públicamente al buen criterio que siempre ha tenido el Ministro de Hacienda Mario Marcel para que reordene las prioridades y las censas y la sensibilidad social que son tan necesarias en la repartición a su cargo".
Fundación aclara razones para acudir a la justicia
Una vez publicada esta nota, la Fundación San Ignacio señaló a Emol lo siguiente:
"Ante la frase señalando que 'los recurrentes presentaron antecedentes con reserva', aclaramos que nosotros no solicitamos ningún tipo de reserva", sostuvo la Fundación, explicando que "los recursos de protección no están disponibles públicamente hasta que la parte recurrida responde".
En ese sentido, afirmaron: "Siempre hemos buscado generar un debate abierto y transparente, no solo en favor de nuestro programa de becas, sino también para incentivar a otras instituciones a desarrollar iniciativas similares".
Sobre la acusación de no agotar la vía administrativa antes de recurrir a la justicia, la organización respondió que "la vía judicial es un mecanismo institucional legítimo" y que durante cerca de nueve meses "mantuvimos mucho intercambio administrativo, incluyendo reiteradas solicitudes de reuniones presenciales".
Sin embargo, afirmaron que siempre se les remitió a una plataforma digital y que incluso "se nos informó de la respuesta negativa antes del ingreso formal de la solicitud".
En esa línea, justificaron el paso a tribunales señalando que "continuar por la vía administrativa implicaba un proceso sin plazos definidos, mientras que la vía judicial ofrece tiempos concretos, fundamentales para solucionar pronto el tema y seguir gestionando donaciones para becar estudiantes, que son nuestro foco y propósito".
Finalmente, la Fundación San Ignacio expresó que mantiene la disposición al diálogo: "Reiteramos nuestra plena disposición a dialogar y encontrar, en conjunto, una solución que aplique los criterios de la ley".
