Un análisis en el que participaron 20 analistas del Banco Central provocó la incomodidad del Gobierno, que ha hecho ver sus "discrepancias" y las formalizó a la través de la comunicación de técnicos de los ministerios del Trabajo y Hacienda con el instituto emisor para "aclarar ciertas dudas" en torno al informe.
"Técnicos tanto de Hacienda como de Trabajo se han comunicado con el Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado", sostuvo ayer a CNN radio el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo. Todo, en referencia a las conclusiones de la entidad presidida por Rosanna Costa, publicadas en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de la semana pasada y donde cuantificó el impacto negativo en el empleo que han tenido las principales medidas de la agenda laboral del Gobierno: el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral.
Entre otras conclusiones, el informe en cuestión indicó que el alza nominal de 24,5% en el valor del sueldo mínimo
se puede asociar a una caída del empleo cercana a 1,5%.
"Hay algunos reparos a ciertos supuestos que están en el estudio", acotó Boccardo. Por su parte, el ministro de Economía, Álvaro García, sostuvo esta mañana a T13 Radio que la intención del Ejecutivo es "llamar la atención" respecto a que los problemas que enfrenta el mercado laboral "son más complejos" que solo el de los costos laborales e indicó que hay otros fenómenos que también inciden en el empleo, ejemplificando con la tasa de interés que controla el Banco Central.
"¿No debió aumentar la tasa de interés? No, sería un error, está buscando frenar la inflación, pero tiene un efecto sobre el empleo. Lo mismo ocurre con el salario mínimo", manifestó, añadiendo que "el hecho que (el alza del salario mínimo) tenga un efecto sobre el empleo no significa que haya sido un error, porque estaba buscando otro propósito que es mejorar los niveles de vida de los trabajadores".
El caso previo
Aunque inusual, no es la primera discrepancia que ha tenido el Gobierno de Gabriel Boric con el Banco Central. El único caso previo ocurrió en julio de 2022, cuando el dólar llegó a $1.000 en Chile por primera vez en la historia.
"Sería oportuno que el Banco Central también pudiera compartir su propio diagnóstico respecto a lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, ya que es la institución que sigue más de cerca este tipo de mercado", dijo el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien además había sido presidente del instituto emisor. Las palabras de Marcel fueron interpretadas como un factor de presión, es que llegaban en un momento en que el mercado se debatía si es que el Central debía concretar una intervención cambiaria para frenar la escalada del dólar.
El tema escaló, cuando al día siguiente la ministra vocera de Gobierno,
Camila Vallejo, llamó al ente rector a
"tomar medidas, respetando su autonomía, pero son ellos los que manejan la política cambiaria". El entonces ministro de Economía -actual titular de Hacienda-, conminó: "Necesitamos una comunicación clara y a tiempo del Banco Central".
Ante esto, Marcel debió salir a frenar la polémica que él mismo abrió. "Hay que distinguir entre lo que mucha gente ha planteado, incluso yo, en relación a la necesidad de conocer un diagnóstico del Banco Central respecto del mercado cambiario, y otra cosa muy distinta es pedirle determinadas medidas, eso es una cuestión que le corresponde plenamente al ámbito de responsabilidad del Banco que ejerce con autonomía", señaló.
"Lo relevante es que como Gobierno y como Ministerio de Hacienda nosotros tenemos pleno respeto por la autonomía del Banco y confiamos en el conocimiento y capacidad que este tenga para entender la coyuntura y tomar sus decisiones", añadió.
