Un severo déficit presupuestario que enfrenta el Plan de Emergencia Habitacional fue lo que la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) expuso en la Comisión de Vivienda del Senado.
Una situación que -según dicen- ya comienza a impactar en la construcción de viviendas sociales y en el empleo ligado al sector.
De acuerdo con las estimaciones del gremio, en el caso del Serviu Metropolitano se registra un faltante de $312 mil millones, lo que equivale al 32,3% de su presupuesto vigente.
Este desajuste, según expusieron, está frenando el avance de obras en curso y compromete los compromisos adquiridos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
A junio de 2025, los socios de la ADVS han entregado más de 15 mil viviendas bajo los programas DS19 y DS49, lo que representa un 10% del total nacional.
Sin embargo, la asociación advirtió que el esfuerzo de privados y municipios se ve hoy amenazado por la falta de recursos para honrar pagos de anticipos en proyectos DS49, préstamos de enlace de DS19, subsidios de arriendo justo y adquisiciones de terrenos, entre otros.
En su presentación ante los senadores, Carlos Marambio, director ejecutivo de la ADVS, advirtió que "estamos ante un cuello de botella presupuestario que afecta directamente a las familias que esperan su vivienda, pero también a la industria y al empleo".
"Solo entre enero y mayo de este año, los inicios de obras cayeron en 5.780 viviendas menos que en 2024, con una pérdida estimada de 17.340 puestos de trabajo en todo el país", añadió.
La organización también llamó la atención sobre la necesidad de asegurar la continuidad de la Ley 21.450 sobre gestión de suelo e integración social, cuya vigencia concluye en los próximos años.
La propuesta de la ADVS es prorrogarla hasta 2029, con el fin de mantener las facultades que han permitido agilizar el desarrollo de proyectos y habilitar terrenos para la construcción de nuevas viviendas.
En esa misma línea, la asociación emplazó al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos (Dipres) a garantizar los recursos necesarios para evitar que la situación presupuestaria se profundice en los próximos ejercicios fiscales, particularmente en 2026 y 2027.
En su declaración final, la entidad subrayó la urgencia de una solución que permita sostener el Plan de Emergencia Habitacional, enfatizando el impacto social que tendría un quiebre en su financiamiento.
"El déficit habitacional sigue golpeando a cientos de miles de familias. La emergencia no ha concluido y no podemos detener el esfuerzo iniciado. Si no hay solución presupuestaria, lo que está en riesgo es el corazón mismo del Plan de Emergencia Habitacional", concluyó la ADVS.
