En los últimos años, Chile ha experimentado un incremento en las exigencias regulatorias dentro del ámbito laboral. Esta tendencia responde a una serie de reformas impulsadas tanto por el gobierno como por organizaciones, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y garantizar los derechos de los trabajadores.
Uno de los principales focos ha sido la mejora de las condiciones laborales, en áreas como la seguridad y la salud en el trabajo, así como la inclusión de nuevas normativas relacionadas con la ciberseguridad.
En ese contexto, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Defontana presentaron los primeros resultados del Monitor de Compliance Empresarial, una herramienta de autodiagnóstico online que busca medir el nivel de preparación de las empresas frente a estas exigencias.
El diagnóstico evalúa normativas como la Ley Karin, la Ley de Delitos Económicos, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la Ley Marco de Ciberseguridad.
El sondeo, que fue realizado durante el primer semestre de 2025 a 438 empresas, reveló un panorama heterogéneo y con importantes desafíos.
María Teresa Vial, presidenta de la CCS, destacó que “con esta herramienta buscamos entregar a las empresas una brújula clara, un diagnóstico que les permita mirarse, identificar brechas y dar pasos concretos hacia una cultura de cumplimiento más sólida. Una cultura que no solo reduzca riesgos, sino que abra caminos de confianza en los mercados, en los inversionistas y en la ciudadanía”.
Por su parte, Diego González, CEO de Defontana señaló que “este índice, desarrollado junto a la CCS, convierte el compliance en un estándar medible: permite priorizar, asignar recursos y seguir avances con la misma regla para todos los sectores. Es una herramienta de gestión clara que eleva la competitividad, fortalece la confianza y acelera la implementación a lo largo de toda la cadena de valor.”
Principales resultados
Los resultados preliminares del estudio, señalan desde Defonatana, revelan asimetrías estructurales y brechas de implementación entre distintos segmentos empresariales, evidenciando un patrón de desarrollo desigual que refleja tanto las limitaciones de recursos de las empresas más pequeñas como las diferencias sectoriales en la adopción de marcos de cumplimiento normativo.
El pilar normativo mide el nivel de conocimiento declarado por las empresas respecto al marco regulatorio aplicable, representando la dimensión cognitiva del compliance empresarial.
Los resultados evidencian una correlación positiva entre el tamaño empresarial y el conocimiento normativo, con un promedio general de 70 puntos sobre un máximo de 100. Las microempresas presentan un índice de 64 puntos, que luego se eleva a 68 y 75 puntos en el caso de las pequeñas y medianas empresas, para alcanzar sus máximos en el caso de las grandes (89 puntos). La brecha de 25 puntos entre microempresas y grandes empresas sugiere la existencia de economías de escala en la adquisición y procesamiento de información regulatoria.
A nivel de sectores también se observan algunas heterogeneidades, con la industria manufacturera alcanzando 77 puntos, seguida por actividades financieras y de seguros (75), actividades de servicio (70) y comercio al por mayor y menor (69). Esta distribución refleja tanto la intensidad regulatoria sectorial como los requerimientos específicos de compliance en industrias altamente reguladas. La proporción de empresas de menor tamaño en cada sector también condiciona los resultados.
Nivel de conocimiento de leyes por parte de las empresas
Además, los datos revelan una marcada heterogeneidad en el conocimiento normativo empresarial. La Ley Karin presenta el mayor nivel de reconocimiento con un 86% de las empresas encuestadas, seguida por la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (53%) y la Ley de Delitos Económicos (52%), ambas con un nivel de conocimiento intermedio. La Ley Marco de Ciberseguridad presenta la menor penetración, con apenas 36% de conocimiento entre las firmas de la muestra.
Los datos evidencian, además, una correlación positiva robusta entre el tamaño empresarial y el conocimiento normativo. Las grandes empresas alcanzan niveles de conocimiento cercanos o iguales al 100% en Ley Karin y Responsabilidad Penal (100% y 93% respectivamente), mientras que las microempresas presentan los menores niveles en todas las categorías normativas. Particularmente notable es la brecha en ciberseguridad, donde las grandes empresas triplican el conocimiento de las micro y pequeñas empresas (61% vs. 34% y 30%, respectivamente).
