El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados la primera batería de indicaciones al proyecto de Ley de Presupuestos 2026, marcando el reinicio formal de la discusión del erario luego de que la comisión especial mixta rechazara 29 de las 33 partidas que financian el sector público.
La discusión en el Congreso se retomará el lunes 17 de noviembre -después de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre- cuando la Sala de la Cámara inicie la revisión de las nuevas propuestas.
El Ejecutivo busca así reponer los fondos rechazados y encauzar la tramitación tras un agitado Congreso por los comicios.
Entre las partidas rechazadas estuvieron Presidencia, Contraloría, Vivienda, Educación, Interior, Hacienda, Salud y el Tesoro Público, entre otras, mientras que solo se aprobaron las de Congreso Nacional, Bienes Nacionales, Servel y Poder Judicial.
El Ministerio de Hacienda activó una serie de ajustes destinados a destrabar la discusión presupuestaria. Tras casi dos semanas de reuniones, de escuchar, de explicar y de responder todas las dudas técnicas, el Gobierno presentó indicaciones que -asegura- recogen lo que se conversó con los distintos sectores.
En ese sentido, en el área de vivienda, por ejemplo, se repondrán las glosas 8 y 9 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, asociadas a la compra de terrenos del Fondo Solidario de Vivienda Social (DS49); se incorporarán recursos adicionales para programas de subsidios habitacionales para sectores vulnerables y se asegurará que los montos se destinen tanto a finalizar la construcción de viviendas en curso como a la elaboración de nuevos hogares.
Por otra parte, las indicaciones también consideran ajustes para la Junaeb, el programa "Más AMA" de adultos mayores, y otros ejes de gasto social.
Con todo, las indicaciones presentadas corresponden a la primera fase de ajustes del Ejecutivo, pero no serán las únicas. En el Senado, donde el debate continuará tras la votación en la Cámara, se espera que se introduzcan nuevos cambios, particularmente en partidas sensibles como Educación, Salud y Seguridad Pública.
La sesión del lunes será, por tanto, clave para definir si el Gobierno logra recomponer mayorías en torno al Presupuesto 2026 y evitar un segundo revés político.
Aumento en los subsidios habitacionales
Uno de los puntos más sensibles de la discusión fue el programa Fondo Solidario para Elección de Vivienda (DS49), dirigido a familias vulnerables sin casa propia. El proyecto original reducía de 50 mil a 25 mil los subsidios disponibles, lo que desató críticas tanto desde la oposición como desde sectores oficialistas.
Atendiendo a esas observaciones, el Ejecutivo incorporó como indicación el aumento del número de subsidios de 25 mil a 40 mil. La medida apunta a contener el descontento político y social frente a la baja cobertura que implicaba el diseño original del presupuesto en vivienda.
Esta discusión escaló hasta la campaña presidencial, ya que incluso la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, sostuvo que "pedimos que se repongan los subsidios del Decreto Supremo 49, de 25.000 a 50.000 subsidios, que es lo que estaba hasta el año pasado, o hasta este año más bien dicho presupuestario, y que da cuenta de cómo vamos paulatinamente abordando el déficit habitacional que existe en Chile".
La oposición también había exigido revertir la reducción. En una minuta, Chile Vamos solicitó al Ejecutivo "la reversión de la reducción del 50% en los montos de subsidios y en las unidades presupuestadas del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), programa orientado al 40% de los hogares más vulnerables del país, cuya disminución compromete seriamente la continuidad y alcance de la política habitacional futura"
El documento del bloque opositor añadió que "si bien es posible atribuir esta situación a los desajustes financieros generados durante la actual gestión ministerial, resulta improcedente que los ajustes presupuestarios recaigan precisamente sobre los sectores de menores ingresos".
Por ello, solicitaron "reasignar recursos dentro del propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo y, en la medida de lo posible, suplementar fondos adicionales, con el objeto de revertir, al menos parcialmente, la significativa disminución de los subsidios asociados al DS49".
Ajustes en educación, obras públicas y medio ambiente
Además del área de vivienda, el paquete de indicaciones incorpora modificaciones en distintos ministerios.
En Educación, Hacienda propuso eliminar la sanción contenida en la glosa 2 del capítulo de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que penalizaba los retrasos en la entrega de materiales para el inicio del año escolar.
En la Dirección General de Obras Públicas, se habilita la ejecución de inversiones hidráulicas que incorporen soluciones basadas en la naturaleza, mientras que en el Ministerio del Trabajo se suma la creación de tres nuevas oficinas de ChileValora en las regiones de Atacama, Biobío y Magallanes.
En Desarrollo Social, se aprobó una reasignación entre el Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Indígena, aumentando este último en $1.388 millones. También se agregó una enmienda en la partida de Medio Ambiente que permite al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, junto con el Ministerio de Ciencia y el Gobierno Regional de Atacama, desarrollar acciones para la conservación y manejo del ecosistema del Desierto Florido.
Asimismo, se autorizó el financiamiento de proyectos de conservación y restauración de ecosistemas urbanos y rurales con soluciones basadas en la naturaleza, además de subsidios para la reparación de sistemas de Agua Potable Rural (APR) y desalinización de aguas.
Otro cambio destacado habilita la posibilidad de transferencias corrientes para ejecutar planes de resolución de listas de espera, en coordinación con el Ministerio de Salud, con el fin de fortalecer la red asistencial pública y reducir los tiempos de espera de los pacientes.
