En una sesión maratónica que terminó pasada las 2 de la madrugada de este martes, el Senado concluyó la votación de las 33 partidas y del articulado del proyecto de ley de Presupuestos 2026.
Con esto, la discusión entró en su fase final: el tercer trámite en la Cámara de Diputados, instancia que deberá zanjar todas las discrepancias antes del 29 de noviembre, fecha límite constitucional.
La jornada selló un giro relevante en la tramitación. Las 14 partidas que habían sido rechazadas por la Cámara Baja a inicios de noviembre fueron finalmente repuestas en su totalidad, luego de intensas negociaciones y un documento de compromisos del Ejecutivo que sumó 74 medidas transversales.
El avance fue reconocido por el Ministerio de Hacienda, que destacó que el Senado terminó por aprobar las 33 partidas que componen el erario y despachó el articulado con algunas excepciones.
El detalle
La votación del Senado permitió destrabar una tramitación que venía tensionada desde la Cámara de Diputados, donde 14 ministerios habían sido rechazados en sus partidas globales. Pero además de reponerlas, la Cámara Alta aplicó modificaciones sustantivas en áreas como Educación, Salud y Tesoro Público.
En Educación, se decidió eliminar la oración final del último inciso de las glosas 02 de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que exigía responsabilidades administrativas en caso de sobredotación.
La partida aumenta su gasto en $7.524 millones, con incrementos relevantes en Junaeb por $9.796 millones. Este aumento se compensó con recortes en las subsecretarías de Educación por $1.272 millones y de Educación Superior por $1.000 millones. Asimismo, se acordó postergar la entrada en vigencia de algunos SLEP y reponer $1.000 millones al programa de Liceos Bicentenarios.
En Salud, la principal modificación fue el aumento de $15.000 millones destinados expresamente a la normalización y el fortalecimiento de la resolutividad de los dispositivos de urgencia de la atención primaria, con foco prioritario en zonas rurales.
Además, se incluyeron dos nuevas glosas: una que permite prorrogar convenios durante procesos de rediseño programático y otra que habilita a los municipios a utilizar ahorros de Cenabast. También se acordó que en la Comisión Mixta se discutirá un posible descongelamiento del aporte per cápita de la atención primaria.
Para financiar estos aumentos en Salud, Educación y Contraloría, el Senado aplicó rebajas en fuentes de financiamiento del Tesoro Público, especialmente en el programa de Operaciones Complementarias. Destacan la reducción del reembolso del gasto electoral en $7.900 millones y recortes por $11.160 millones en la provisión para financiamientos comprometidos.
A ello se sumó que, durante la revisión del articulado, el Senado aprobó normas contrarias a lo propuesto por el Ejecutivo, que mantuvo sus reservas de constitucionalidad al rechazarse sus indicaciones para suprimir artículos que consideraba fuera del marco de las facultades exclusivas del Presidente de la República.
Entre ellas, las que buscaban eliminar los artículos 45, 47 y 48, vinculados al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); a los procesos de asignación de beneficios de vigencia anual; y a normas de admisión escolar preferencial para personas de nacionalidad chilena y para extranjeros en situación migratoria regular.
Junto con esas definiciones, la Cámara Alta aprobó las partidas de Economía, Interior, Relaciones Exteriores, Contraloría, Hacienda, Desarrollo Social (con excepciones como Injuv y el Programa de Apoyo a la Identidad de Género), Medio Ambiente, Culturas (excepto el Pase Cultural y los sitios de memoria Pisagua, José Domingo Cañas, Fundación Salvador Allende, Estadio Nacional), Seguridad Pública, Gobiernos Regionales, Educación, Salud, Vivienda y Tesoro Público, donde algunas glosas quedaron rechazadas por falta de quórum.
El documento de compromisos: 74 medidas para destrabar el debate
Para la cartera liderada por Nicolás Grau, uno de los elementos centrales del avance fue el documento político-técnico elaborado por el Ejecutivo y presentado a los parlamentarios.
El texto detalla 74 medidas agrupadas en 14 áreas, entre ellas Salud, Educación, Vivienda, Urbanismo, Gobiernos Regionales, Ministerio del Interior, Contraloría General de la República, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Transparencia, Avalúos fiscales y racionalización del gasto público.
Entre los compromisos anunciados están:
-La incorporación de $15 mil millones adicionales para fortalecer la Atención Primaria de Salud, con énfasis en comunas rurales.
-Mejoras relevantes a los programas de Junaeb orientados al bienestar de los estudiantes.
-La garantía de financiamiento para mantener la cobertura actual de las becas TIC.
-El aumento en 15.000 subsidios de vivienda social.
-Más recursos para la Contraloría General de la República.
-Mayor agilidad en la ejecución regional.
-Promoción del pisco y el vino chileno mediante ProChile.
-Apoyo a la selección nacional de rugby.
-La postergación de la actualización del avalúo fiscal de las viviendas desde enero de 2026 a enero de 2027.
De acuerdo a Hacienda, estos compromisos se expresan tanto en indicaciones ya ingresadas al proyecto como en acciones administrativas o futuras iniciativas legales.
Reavalúo y Contraloría
Entre esos ajustes destacó el compromiso que adoptó el Ejecutivo de incluir como indicación en el proyecto de ley de reajuste salarial del sector público -que se presentará en diciembre-, la postergación desde enero de 2026 a inicios de 2027 del reavalúo para las contribuciones de bienes raíces urbanos.
"Nos comprometemos, en el protocolo que vamos a plantear, a incluir en el proyecto de ley de reajuste una norma que posterga el reavalúo, que tenía que ocurrir en enero de 2026, a enero de 2027. Eso tiene un impacto directo en la parte urbana y corre todo el calendario para la parte rural, porque se mueven en bloque", declaró el ministro Grau.
"Nos comprometemos, en el protocolo que vamos a plantear, a incluir en el proyecto de ley de reajuste una norma que posterga el reavalúo, que tenía que ocurrir en enero de 2026, a enero de 2027. Eso tiene un impacto directo en la parte urbana y corre todo el calendario para la parte rural, porque se mueven en bloque"
Nicolás Grau, ministro de Hacienda
Originalmente, esa propuesta venía en el último proyecto de reforma tributaria del Gobierno, que tenía como foco principal el cambio a la tributación de las pymes. Luego se optó por separar de esa iniciativa el aplazamiento e incluirlo en una ley corta y ahora en un tercer intento el Ejecutivo accedió a ver el tema, finalmente, en la ley de reajuste.
Durante el debate de la partida de Hacienda, donde surgió el tema del reavalúo, también se advirtió la situación de agricultores en la Región de La Araucanía que tienen territorios usurpados y que no pueden ser trabajados; sin embargo, se alertó, deben pagar contribuciones de bienes raíces.
La presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón (Demócratas) -que ha empujado la idea de congelar la variación de las contribuciones durante el próximo año-, refrendó el consenso en esta materia logrado con el Gobierno.
"Dentro de los acuerdos con el Ejecutivo está que en la ley de reajuste se pueda recoger el congelar los reavalúos... congelar el alza hasta que no exista claridad de los criterios, los parámetros", dijo.
En tanto, ayer en la Sala de la Cámara Alta también se logró destrabar el debate de la partida de la Contraloría General de la República (CGR). Esto se consiguió a cambio de que el Gobierno accediera a elevar los recursos para el ente de control, que originalmente solo tenía un incremento de 1,5%.
Esa demanda, que fue apoyada tanto por el oficialismo como por la oposición, fue levantada por la contralora Dorothy Pérez cuando a mediados de octubre expuso sobre esa partida en la subcomisión mixta del Congreso. Allí, la autoridad advirtió la falta de recursos y pidió unos $1.200 millones adicionales y sumar 10 funcionarios.
Las voces del Ejecutivo: Hacienda y Segpres destacan un presupuesto "mejorado"
El ministro Grau, afirmó que "ahora corresponde que la Cámara revise estos avances. Con el mismo espíritu de colaboración, esperamos concluir este proceso con un acuerdo amplio y un Presupuesto responsable, que combine lo social con lo fiscal y entregue certezas al país".
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, sostuvo que "el Senado respaldó todas las partidas de un Presupuesto que recoge inquietudes tanto de senadores como de diputados. Hoy avanza una iniciativa que logra equilibrar responsabilidad fiscal y social".
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, afirmó que "se han aprobado las 33 partidas y se ha reafirmado la responsabilidad del Gobierno, tanto desde un punto de vista social, pues los mayores aumentos corresponden a partidas como Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social, y Vivienda; además la responsabilidad fiscal, porque este es un presupuesto que vela adecuadamente por el cumplimiento de la meta y la convergencia fiscal".
