Pese al acalorado debate y los amagues de un rechazo inédito, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se anotó el miércoles un importante triunfo en lo que probablemente será su principal desafío durante su breve paso por la cartera: el Presupuesto 2026 fue despachado desde el Congreso sin grandes cambios respecto del proyecto original y tres días antes del plazo fatal, fijado para el sábado 29 de noviembre.
La estructura central del erario que deberá ejecutar el nuevo gobierno se mantuvo intacta y el gasto público se expandirá el próximo año en un 1,7%, equivalente a unos US$90 mil millones. Pese a los reparos y advertencias de la oposición, que pedía un recorte equivalente a US$1.500 millones, las cuestionadas proyecciones de ingresos y gastos elaboradas por Hacienda se mantuvieron sin variación
Además, la Ley de Presupuestos 2026 elimina la glosa republicana, es decir, los recursos que tradicionalmente se dejaban a libre disposición de la nueva administración.En ese escenario, a juicio de expertos, el presupuesto dejará en una situación incómoda a la próxima administración, que se definirá en la segunda vuelta del 14 de diciembre entre la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien correría con ventaja para quedarse con el sillón presidencial, según las encuestas.
Durante la tramitación del proyecto, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) lanzó una dura advertencia respecto a las probabilidades de que nuevamente se produzca un incumplimiento de la meta fiscal, tanto este año como el próximo. Calificó 2026 como un año "exigente", ya que, por un lado, las proyecciones de ingresos de Hacienda (22,9% del PIB, 4,7% en relación con los ingresos proyectados para 2025) consideran incrementos con un "significativo grado de incertidumbre", a la vez que se requieren esfuerzos "importantes" de contención del gasto.
"Esto obliga a un monitoreo activo de las proyecciones de ingresos y a un compromiso efectivo de todos los actores políticos para una contención también efectiva del gasto", señaló la presidenta del CFA, Paula Benavides, en una exposición en el Parlamento a mediados de octubre.
Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda y actual decano de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, sostuvo que, aun cuando a su juicio el proyecto mejoró durante su tramitación legislativa, “sigo pensando que este no es un buen presupuesto”.
Según Weber, "la tarea del próximo ministro de Hacienda será titánica, pues tendrá que hacer un ajuste fiscal de proporciones para avanzar hacia la convergencia y, al mismo tiempo, deberá realizar cuantiosas reasignaciones de recursos para financiar el nuevo programa de gobierno".
"Para cumplir la meta de balance estructural, el presupuesto tenía que haber crecido cercano a cero. Políticamente muy complejo, pero necesario", aseguró Weber, quien advirtió que las consecuencias de esto son que tanto este año como el próximo el déficit fiscal será mayor al proyectado por el Ejecutivo, de 2,2% y 1,1% del PIB, respectivamente. "Será la nueva administración la responsable de hacer el ajuste fiscal que, pese a las constantes advertencias del CFA, no realizó el Gobierno del Presidente Boric", agregó.
Por su parte, Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos, comentó que este es un presupuesto que tiene "un déficit estructural efectivo de dos puntos del PIB. Por lo tanto, deja en una situación bastante estrecha a la próxima administración. Primero, porque el límite de deuda del 45% del PIB para el próximo año, si se cumple esta proyección de déficit, va a quedar muy cerca de ese umbral. Eso significa que el próximo gobierno deberá partir realizando un ajuste; de lo contrario, no quedará espacio alguno para financiar sus políticas durante el resto del mandato".
En tanto, Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, sostuvo: "No me cabe ninguna duda de que el legado fiscal de este gobierno es negativo, tanto en términos macro como micro".
"En términos macro, este gobierno no logró reducir el déficit estructural y eso nos deja con un déficit fiscal que en términos estructurales es de más de dos puntos del PIB. Deja a un gobierno con muy poco espacio; al revés, tiene que reducir el gasto. En lo micro, el segundo ítem (después de la PGU) al que más se le destinaron recursos fue el gasto en burocracia: aumentó mucho el gasto en personal y en materiales. Eso es algo difícil de corregir, pero tremendamente urgente", afirmó la economista.
En tanto, Juan Ortiz, economista senior del OCEC-UDP, destacó otro elemento: "La ley de Presupuestos no incluyó la glosa republicana, ampliando las opciones de ajustes fiscales. Sin embargo, con el inicio de una nueva administración, el espacio para impulsar medidas rápidas de gasto a partir del 11 de marzo será mas limitada".
"A diferencia de 2025, cuando se acordó con el Parlamento un ajuste fiscal de cerca de US$600, para este año, no hay ningún alcance similar", agregó.
Añadió que "el gasto ha aumentado durante nuestro Gobierno la mitad de lo que estaba aumentando antes", junto con destacar que la deuda subió a un menor ritmo que en administraciones anteriores. No obstante, reconoció que, de cara al nuevo gobierno, "es cierto que seguimos en una situación de estrechez fiscal y la siguiente administración va a tener que seguir haciendo esfuerzos para reforzar la disciplina fiscal. Ese es un camino que todavía tenemos que recorrer".