El pasado jueves, la OCDE publicó una nueva edición de su informe "Pensions at a Glance", en el que destacó la reforma "sutancias" al sistema de pensiones que se está llevando a cabo en Chile y presentó una proyección sobre el impacto que esta tendrá en la suficiencia de las jubilaciones que recibirán las generaciones futuras, indicando que el país está más cerca del promedio del bloque en materia de tasas de reemplazo para quienes se retirarán.
Sin embargo, también advirtió que el envejecimiento de la población sigue siendo un desafío pendiente para Chile.
"Debido a la caída en la tasa de fertilidad desde 1990, el nivel actual de 1,14 es el más bajo después de Corea", señaló el organismo. Como resultado, "se proyecta que la población en edad de trabajar (20-64 años) caerá un 23% en los próximos 40 años, frente a una disminución del 13% en promedio en la OCDE".
Esta advertencia reabrió un debate que constantemente vuelve a la discusión pública nacional:
la idea de elevar la edad de jubilación. Se trata de un tema que expertos vienen poniendo sobre la mesa hace un buen tiempo, pero aunque cuenta con amplio respaldo técnico, no logra prosperar en la arena política debido a lo impopular de la propuesta.
"A pesar de esta situación demográfica desfavorable, Chile está entre la minoría de países de la OCDE que no ha legislado ningún aumento en la edad de jubilación", subrayó el informe de la OCDE.
Durante la discusión para la aprobación de la reforma de pensiones, la Comisión Técnica de Expertos, convocada para alcanzar consensos, además de las AFPs , resaltaron la importancia de revisar la edad legal de retiro, considerando los aumentos en la expectativa de vida. Incluso propusieron condicionar su variación futura a este indicador.
Sin embargo, el Gobierno cerró la puerta a esa opción en reiteradas ocasiones. La entonces ministra del Trabajo y actual candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, señaló que "hay bastantes argumentos técnicos para descartar esa idea".
Aunque el Ejecutivo optó por no incluir este aspecto en la discusión legislativa, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, comentó recientemente a El Mercurio que el informe de la OCDE evidencia que este es uno de los temas pendientes.
"Hacia adelante, tal como plantea la reforma hoy en implementación, es clave seguir mejorando la competencia dentro del sistema y abordar desafíos pendientes, como incentivar la formalidad laboral e iniciar un debate responsable sobre la edad de jubilación", dijo, abriendo la puerta a la discutir este tema justo en la recta final de la administración de Gabriel Boric, por lo que probablemente será un desafío que deberá asumir el próximo gobierno.
Mirada de los expertos
Actualmente, la edad legal de jubilación es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, cifras por debajo de los promedios de la OCDE, especialmente en el caso femenino, donde la media alcanza los 65,9 años.
Por ello, existe consenso técnico en que el aumento de la edad de jubilación es uno de los temas que quedaron pendientes para las próximas discusiones sobre pensiones, especialmente en el caso de las mujeres.
Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, valoró que el Gobierno se abra a esta posibilidad, aunque lamentó que ocurra demasiado tarde. "En la reforma de pensiones estuvimos completamente de acuerdo todos los integrantes de la mesa en la necesidad de abordar este tema, y el Gobierno decidió no incorporarlo".
"Es un poco tarde, efectivamente, porque ya está terminando el proceso, y habría sido muy positivo integrar algo de esto en la reforma. Al menos se incorporaron incentivos para postergar la edad de jubilación, pero falta avanzar hacia un cambio definitivo".
A su juicio, este mecanismo es políticamente viable y debiera implementarse cuanto antes.
La investigadora de Horizontal y exintegrante de la mesa técnica de la reforma, Soledad Hormazábal, también considera positivo abrir el debate sobre el aumento de la edad de retiro. "Creo que sería importante para elevar las pensiones y dar mayor sostenibilidad al sistema", afirmó.
En la misma línea, David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, comentó que el consenso técnico existe desde inicios de este siglo, pero "lamentablemente el consenso político es el que no ha estado".
"Creo que es urgente considerarlo. Lamentablemente, la oportunidad para haber impulsado un cambio era durante la discusión de la reforma que se legisló este año. Ahora, la implementación de esa reforma copará buena parte de la agenda previsional por los próximos años", agregó.
¿Cómo debería implementarse?
Los expertos coinciden en que un eventual aumento en la edad de jubilación no debe modificar las condiciones de quienes están próximos a retirarse. Este tipo de ajustes, explican, se aplica de manera gradual y para generaciones más jóvenes, fijando que quienes nazcan después de cierta fecha se jubilarán más tarde.
Además, subrayan la importancia de que las nuevas generaciones conozcan desde temprano que su edad de retiro será mayor, especialmente en el caso de las mujeres, donde el ajuste es más urgente por las brechas en expectativa de vida y en montos de pensión.
Para ellos, este tema debiera quedar instalado en la agenda del próximo gobierno, y lamentan que se haya perdido la oportunidad de incluirlo en la reforma previsional recientemente aprobada.
Los expertos también están de acuerdo en que el caso de las mujeres requiere especial atención. Hormazábal señaló que "la edad de jubilación debiera igualarse a la de los hombres con un periodo de transición extenso y, luego, establecer mecanismos de ajustes automáticos en base a aumentos de expectativa de vida".
Agregó que "un factor a considerar son las importantes diferencias en expectativa de vida según nivel socioeconómico, particularmente entre mujeres. Un estudio de la UAI muestra que las mujeres con baja educación viven cerca de 10 años menos que aquellas con mayor nivel educacional. Este es un elemento que hay que tomar en cuenta".
Mientras que Bravo apuntó que "la edad de pensión de las mujeres no se condice con su mayor expectativa de vida respecto de los hombres. Tampoco con el hecho de que jubilar cinco años antes implica menos años de cotización y menor acumulación de ahorro, lo que se traduce en pensiones alrededor de un 40% más bajas. Esta norma explica una parte importante de la brecha de género en el sistema previsional".
