Un nuevo actor irrumpió en la ya compleja negociación por el reajuste del sector público entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público (MSP), instancia encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) e integrada por otras 15 organizaciones de funcionarios.
Las conversaciones comenzaron formalmente ayer y, desde la MSP, existe presión para que Hacienda cierre un acuerdo antes de la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre. Entre sus principales demandas están un aumento salarial real del 2%, mejoras en diversos bonos y que ningún trabajador del sector público reciba menos de $591 mil, entre otras propuestas.
Pero hoy se sumó a la discusión la Organización de Profesionales del Estado de Chile (Opech), que no forma parte de la MSP y que expuso sus discrepancias con las solicitudes de la mesa oficial, además de denunciar una “exclusión histórica” de este espacio de negociación.
La Opech reúne a gremios como la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD), los Colegios de Cirujano Dentistas, Bioquímicos y Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos; la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público; Fentramuch; la Asociación de Defensores Penales Públicos (ADEF) y la Asociación de Magistrados de Tribunales Tributarios y Aduaneros (ANMTTACH).
Según la organización, representan a más de 30 mil profesionales del Estado. "Desde 2022 hemos pedido participar en la mesa de diálogo donde se discuten los temas prioritarios y relevantes para nuestros representados", señalaron en un comunicado.
"El Gobierno mantiene la exclusividad de la CUT y la ANEF en la negociación, lo que no refleja la realidad de nuestros funcionarios", criticaron, acusando un incumplimiento de los compromisos adoptados.
Añadieron que esta exclusión afecta "la representatividad de las decisiones" y genera inequidades en materias como reajustes, remuneraciones, bonificaciones e incentivos al retiro. Recordaron además que, desde 2015, los servidores públicos de alta renta no han tenido un reconocimiento adecuado, lo que se traduce en pérdida de poder adquisitivo y desincentivo para profesionales altamente calificados.
En ese contexto, la Opech entró de lleno en la negociación y planteó una posición más exigente que la MSP: solicitó un reajuste real de 5% para las remuneraciones en 2026, más del doble de lo pedido por la mesa liderada por la CUT.
"Es preocupante que la exclusión de nuestras organizaciones de este importante espacio de diálogo esté afectando la representatividad de las decisiones tomadas".
Opech
También rechazaron la idea de aplicar reajustes escalonados o diferenciados por tramos salariales, argumentando que ello "profundiza la discriminación" hacia los profesionales del sector público. Asimismo, se opusieron a pagar el reajuste en plazos distintos durante 2026 porque "solo prolonga el deterioro del poder adquisitivo".
El gremio, además, pidió un plan de incentivo al retiro universal y obligatorio para todo el Estado, sin depender de la voluntad de las autoridades de turno; que bonos y asignaciones incluyan a los profesionales, para evitar discriminaciones internas; y una ley de fuero para representantes de los Colegios Profesionales, especialmente del área de la salud, con el fin de fortalecer la sindicalización.
Finalmente, llamaron a establecer una política de Estado para la carrera funcionaria, advirtiendo que en organismos como el Poder Judicial, los Tribunales Tributarios y Aduaneros y el Ministerio Público este tema sigue "invisibilizado".
