El Ejecutivo ingresó esta jornada al Congreso un segundo paquete de indicaciones al proyecto de ley que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional, bautizado< como "Regiones Más Fuertes".
La iniciativa, que inició su tramitación parlamentaria en mayo de 2023 y que debió frenarse en el marco del caso "Convenios", busca mejorar la arquitectura fiscal de los gobiernos regionales para entregarles más facultades presupuestarias y mayores mecanismos de control, de modo que los recursos se utilicen de manera más efectiva, eficiente y alineada con las urgencias territoriales.
El primer eje del paquete establece medidas adicionales de control. Entre ellas, la obligación de que cada Gobierno Regional realice auditorías externas anuales sobre su gestión presupuestaria y financiera. Estos informes deberán incorporarse en las cuentas públicas y en las actas de traspaso de gestión.
Asimismo, se dispone que los Gores remitan una programación financiera de mediano plazo a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y se fijan plazos para publicar los reportes sobre ejecución presupuestaria. El Consejo Regional (CORE) también verá fortalecido su rol, ya que podrá hacer seguimiento a dicha ejecución.
Otra modificación relevante reduce el umbral desde el cual el CORE debe aprobar la asignación de recursos, excluyendo de este trámite a las iniciativas bajo 3.000 UTM. Además, se regulan nuevas causales que podrían derivar en la cesación del cargo de un gobernador regional por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
En su segundo eje, el proyecto ajusta el ciclo presupuestario de los gobiernos regionales. Según Hacienda, se propone incorporar en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales un sistema similar al utilizado por las empresas públicas, donde las fuentes de financiamiento se determinan directamente en la Ley de Presupuestos, a través de la Partida Tesoro Público.
"Una vez determinados los aportes, cada gobierno regional deberá elaborar su presupuesto, que será visado por el Ministerio de Hacienda. Con todo, se explicita que los gobiernos regionales deberán someterse a las instrucciones, exigencias y orientaciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) para formular sus presupuestos y para la regulación y supervisión del gasto público, lo que no es excluyente con las atribuciones de la Contraloría General de la República", señalaron desde Hacienda.
Para mejorar la previsibilidad financiera, el Presidente deberá dictar un marco presupuestario a cuatro años, que contenga las fuentes de financiamiento, los procedimientos y los requisitos de transparencia. Dichos marcos deberán ser consistentes con las estimaciones del Informe de Finanzas Públicas.
Las indicaciones también proponen homologar las reglas de flexibilidad aplicadas en la Ley de Presupuestos 2026. En concreto, las modificaciones presupuestarias se aprobarán mediante resolución del gobernador regional, requiriendo acuerdo del CORE únicamente cuando impliquen cambios en recursos destinados a inversión. Si se trata de ajustes asociados al funcionamiento, no se requerirá revisión previa. Todas estas resoluciones estarán afectas a toma de razón y deberán ser informadas a Dipres.
Con el fin de simplificar la estructura presupuestaria, se plantea eliminar la distinción entre programas de funcionamiento e inversión, aunque estos últimos deberán ser identificados, tal como ocurre en los ministerios y servicios públicos. La Ley de Presupuestos definirá, además, la proporción máxima que podrá destinarse a gastos de funcionamiento y la dotación máxima de personal.
Otro cambio relevante es la eliminación de la obligación de nombrar a los jefes de división mediante el Sistema de Alta Dirección Pública. Según Hacienda, esta medida "busca otorgar mayor flexibilidad a los gobernadores regionales para elegir a sus equipos directivos".
Finalmente, respecto de la generación de ingresos propios, el proyecto faculta a los gobiernos regionales a cobrar derechos por los servicios que presten y establece una tasa de hasta 30% por ingresos a áreas silvestres protegidas, destinándose el 50% de esos recursos a inversión para el desarrollo de dichas áreas en cada región.
También se reconoce a los reglamentos regionales como el instrumento para normar materias vinculadas a la recaudación propia, y se reincorpora la obligación de que cada gobierno regional dicte un reglamento sobre concesiones y permisos asociados al uso de bienes raíces regionales
