La Contraloría General de la República (CGR)
informó que iniciará una auditoría inédita respecto del acuerdo alcanzado entre Codelco y SQM, pese a que señaló que no puede anular el contrato por decisión propia, sí revisará la regularidad de ciertas operaciones vinculadas al acuerdo.
"Por mandato legal, no corresponde que esta Entidad de Control pondere decisiones que incidan directamente en la gestión y dirección del respectivo organismo o empresa pública, el diseño de sus políticas o negocios, sus prioridades u otros aspectos equivalentes".
"Ello no obsta, sin embargo, a que este Organismo Fiscalizador revise la legalidad y procedencia de las actuaciones de que se trate y la correcta utilización de los recursos en las finalidades propias de cada entidad, en el marco de las atribuciones que la ley le otorga", señaló en el oficio, la entidad dirigida por
Dorothy Pérez.
Esto, luego de que los diputados Carlos Bianchi Chelech, Raúl Soto Mardones, Cristián Tapia Ramos, Héctor Ulloa Aguilera y Camila Musante Müller solicitaron un pronunciamiento sobre la legalidad de esta asociación público-privada, incluyendo los actos previos que derivaron en su celebración.
La Contraloría explicó que solo podrá pronunciarse sobre aquellos aspectos del acuerdo que no estén siendo revisados por la justicia ni cuenten con resoluciones judiciales previas, precisando que su intervención "no implica evaluar aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas, pues en tales casos se encuentra impedida de intervenir por expresa disposición legal".
En ese sentido, el organismo detalló que varios de los cuestionamientos planteados ya fueron resueltos por los tribunales de justicia, entre ellos, la legalidad de la participación de Codelco en la explotación de litio, el uso del trato directo con SQM, la inexistencia de una obligación legal de realizar una licitación pública para este tipo de asociación y del proceso de consulta indígena, lo que impide a la Contraloría volver a pronunciarse sobre dichas materias.
Sin embargo, el organismo confirmó que sí ejercerá sus facultades de fiscalización, anunciando que la auditoría se enfocará en la regularidad de determinadas operaciones asociadas al acuerdo, conforme a las atribuciones que le otorga la ley.
En concreto, el organismo fiscalizador informó que revisará el contrato de asesoría suscrito entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley, además de otros antecedentes levantados por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, los que serán considerados dentro del proceso fiscalizador.
