Con el fin de que se evalúe la legalidad y el mecanismo de determinación de la Tarifa de Uso de Puerto, que aplican las empresas portuarias estatales a las naves que arriban a los terminales chilenos, la Asociación Nacional de Agentes de Naves en de Chile (Asonave) presentó la semana pasada una solicitud ante la Contraloría General de la República. El gremio afirma que la tarifa carece, desde su implementación en el 2000, de una metodología reglada y transparente, pese a haber generado en todo este periodo una recaudación acumulada cercana a US$ 750 millones a diciembre de 2023. La cifra, este año, rondaría los US$ 750 millones a diciembre de 2023. La cifra, este año, rondaría los US$ 900 millones, estimó Gonzalo Fernández, presidente de Asonave. "Pese a ese flujo de ingresos, diseñado teóricamente para financiar infraestructura común, no se observan a la fecha obras de abrigo nuevas o ampliaciones significativas en los puertos estatales", señaló el gremio en el oficio enviado a la contralora Dorothy Pérez. Ahí denuncia un vacío regulatorio y arbitrariedad en la determinación de la Tarifa de Uso de Puerto" y solicita una "auditoría de metodología y un pronunciamiento".
