Luis Pardo Sáinz es el ex presidente de la Archi.
La Segunda
SANTIAGO.- Los cuestionamientos contra el presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), Álvaro Scaramelli, por sus altos ingresos en el último año y medio continúan dando qué hablar. Luego de que directivos de la entidad pidieran su renuncia, el ex presidente de la Archi, Luis Pardo Sáinz, alzó la voz y pidió una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual.
Por medio de una carta enviada a
El Mercurio, Pardo comparó la legislación internacional en esta materia con lo que sucede en Chile, y afirmó que es necesario que en Chile "se pongan en marcha mecanismos de supervisión similares a los de países desarrollados como Suiza o Alemania".
"La experiencia internacional, en los casos de corrupción detectados por las autoridades competentes, han terminado en condenas incluso penales respecto de la entidad de gestión colectiva española SGAE, o en la intervención de la entidad de gestión paraguaya, por citar el escándalo más reciente en países latinoamericanos", explicó.
"Esto demuestra que no basta un informe de auditores externos para garantizar el buen manejo de los fondos que todos los usuarios pagamos por intermedio de la SCD a los artistas por el uso de sus obras. O que atendidas las asimetrías de información, los propios artistas cuyos fondos están siendo administrados por la entidad de gestión no pueden detectar por sí solos las irregularidades", continuó.
"Por ello parece fundamental que en Chile se pongan en marcha mecanismos de supervisión similares a los de países desarrollados como Suiza o Alemania, en que se reconoce que los fondos que administran las entidades de gestión colectiva son dineros de terceros y deben ser objeto de especial interés público y no como en el pasado, que denuncias que han trascendido sobre fondos no rendidos o confusos pagos de indemnizaciones millonarias a ex funcionarios de la SCD, han sido indiferentes para la autoridad", agregó.
Además, explicó que el Ministerio de Educación tiene la capacidad de amonestar o de "revocar la autorización de una sociedad de gestión colectiva en casos de incumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias, por lo que, ante esta última denuncia, debiera, a diferencia del pasado, iniciar a lo menos un sumario que aporte luces de lo ocurrido y verifique que los mecanismos que se aplican para la distribución de los fondos son justos y transparentes, corrigiendo las prácticas que lo requieran", y añadió que se espera que esta polémica "provoque la necesaria modificación de la Ley de Propiedad Intelectual".
