El objetivo del acuerdo es contener el aumento de la temperatura "muy por debajo de los 2 °C" respecto a la era preindustrial y "de seguir esforzándose por limitar ese aumento a 1,5 ºC".
El mundo deberá esforzarse en que las emisiones dejen de aumentar "lo antes posible" y empiecen a reducirse "rápidamente". En la segunda mitad del siglo, debería lograrse un equilibrio entre las emisiones de gases invernaderos provocadas por las actividades humanas y las que pueden ser capturadas por medios naturales o tecnológicos.
Los países desarrollados, emisores históricos, tomarán la delantera en los recortes de las emisiones de los gases contaminantes. En tanto, los países en desarrollo, que aún necesitan generar energía con carbón y petróleo, serán alentados a orientar sus esfuerzos a disminuir dichas actividades.
En 2018, dos años antes de la entrada en vigor del acuerdo, los países evaluarán los impactos de sus iniciativas contra el calentamiento global y analizarán nuevamente sus planes de reducción de emisiones.
Cuando el acuerdo cobre efecto, los reportes se realizarán cada cinco años, a partir de 2023.
Los países más ricos deberán proporcionar apoyo financiero a los en vías de desarrollo para impulsar la energía renovable y para enfrentar fenómenos relacionados con el cambio climático, como la intensificación de las sequías y los huracanes.
El documento establece la suma de US$100.000 millones anuales como "mínimo", cifra que se actualizará en 2025.
Se reconoce el derecho a obtener apoyo para "evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos" del cambio climático, a las islas que se ven afectadas por el alza del nivel de los océanos y a los países pobres más expuestos.