WASHINGTON.- Serena, discreta y fiel, la ex fiscal general de EE.UU. Sally Yates abandonó ayer la seguridad de su oficina en la capital del país norteamericano y se rebeló contra el Presidente, Donald Trump, por su veto a los inmigrantes de siete países. Una acción, que le ha otorgado la doble condición de heroína y traidora.
Nombrada en 2015 por el ex Presidente Barack Obama como fiscal general adjunta, la segunda autoridad más importante del Departamento de Justicia, Yates envió el lunes por la noche una carta a los abogados del Gobierno a no defender en los tribunales el decreto firmado por el ex magnate, cuya legalidad ha sido desafiada en varias cortes del país.
"Soy responsable de asegurar que las posiciones que tomamos en el tribunal estén en consonancia con la obligación solemne de esta institución de siempre buscar justicia y defender lo que es correcto", escribió Yates.
"En la actualidad, no estoy convencida de que la defensa del orden ejecutivo sea coherente con estas responsabilidades, ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal", añadió.
Dicha acción le valió la expulsión automática de su puesto y una dura acusación de traición por parte del Gobierno de Trump. "Yates ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos", declaró la Casa Blanca en un comunicado.
Sin embargo, mientras el Gobierno de Trump reprimía públicamente a Yates, alguien entró en Internet y modificó su biografía en Wikipedia para incluir la frase "heroína estadounidense" entre sus grandes hazañas. La enciclopedia digital eliminó la frase, pero el Comité Nacional Demócrata (DNC) respaldó en un comunicado a la "heroica patriota" Yates y criticó la "tirana" Presidencia de Trump y sus intentos por "silenciar" a la fiscal.
Una extensa carrera pública
Yates, de 56 años, ya sabía que su decisión se traduciría en el despido. Pasó el fin de semana reflexionando, consideró que el decreto de Trump se excedía con un grupo particular (los musulmanes) y decidió dar un paso al frente, según dijo al The Washington Post una fuente cercana al Departamento de Justicia que pidió el anonimato.
De una forma dramática, el lunes por la noche, Yates, nacida en Atlanta, casada y con dos hijos, puso fin a 27 años de servicio público. Su carrera comenzó en 1989 cuando llegó a lo alto de la Fiscalía del distrito norte de Georgia y que la llevaron a dirigir la acusación contra Eric Rudolph, el autor del atentado que mató a una persona e hirió a 111 en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.
Persiguió con éxito varios casos de corrupción. Gracias a eso, Obama se fijó en ella y la nombró fiscal general del distrito norte del estado de Georgia, un puesto que nunca antes había ocupado una mujer.
El ex fiscal general Eric Holder incluyó a Yates en su círculo de asesores más cercanos y, en enero de 2015, Obama la nominó para el cargo de fiscal adjunta del Departamento de Justicia, una posición para la que logró el apoyo casi unánime del Senado.
Irónicamente votó en su contra el senador por Alabama, Jeff Sessions, elegido por Trump para ser su fiscal general y que actualmente enfrenta una dura batalla para lograr su confirmación en el Senado.
Durante sus dos años como una de las autoridades más relevantes de la justicia del país norteamericano, Yates se convirtió en la mejor aliada de Obama. Ambos lograron cambiar el sistema penal de EE.UU., acabar con un encarcelamiento masivo que cuesta millones de dólares a las arcas del Estado y que castiga de manera desproporcionada a los varones de las minorías hispana y afroamericana.
Sumado al respaldo de la fiscal general Loretta Lynch, Yates se encargó de supervisar una iniciativa de la Casa Blanca que sirvió para conmutar las penas de miles de presos condenados por delitos no violentos y relacionados con drogas.
También se dedicó a dirigir el día a día de los 113.000 empleados del Departamento de Justicia de forma interina. Los mismos que ahora pasaron a manos de Dana Boente, nombrada por el nuevo Mandatario como fiscal general en funciones a la espera de que el Senado confirme a Sessions.
Cuando el Departamento de Justicia abra mañana sus puertas, por orden de Boente, los abogados del Gobierno tendrán que volver a defender en las cortes el decreto de Trump, que suspende el ingreso al país de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana.
Yates no ha hecho ningún comentario sobre cuál será su futuro, aunque su pasado ya está marcado por la agridulce doble condición de ser desleal a ojos de los seguidores del jefe de Estado, pero de heroína para quienes protestan contra el ex empresario.
