Cuatro de los siete sancionados por la Unión Europea. De izquierda a derecha:
Gustavo González, Tarek William Saab, Tibisay Lucena y Diosdado Cabello.
Agencias
CARACAS.- El Gobierno de Venezuela rechazó "enérgicamente" las sanciones adoptadas este lunes por la Unión Europea (UE) contra siete altos funcionarios venezolanos, acusando al bloque de subordinarse a la administración "supremacista y racista" del Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
Por medio de un comunicado, la Cancillería venezolana señaló que "la Unión Europea vuelve a ofrecer pruebas irrefutables de su notable subordinación ante el gobierno supremacista y racista de Donald Trump. Estas decisiones denotan una política errática e intervencionista".
El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó de "ilegal" la medida adoptada por los cancilleres de la UE contra un grupo de funcionarios venezolanos, a los que acusa de ser responsables del "deterioro" de la situación en Venezuela y les prohíbe viajar a los países del bloque.
"Esta conducta obsesiva hacia Venezuela arrastra a la UE a infringir sus propios principios fundacionales, convirtiéndose en instrumento al servicio de las pretensiones imperialistas del gobierno estadounidense", añade el texto.
El Gobierno de Donald Trump, al igual que el de Canadá, ha sancionado al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a varios de sus funcionarios. Washington, además, prohibió a sus ciudadanos transar nuevos bonos de deuda de Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.
La Cancillería indicó que "se reserva las acciones necesarias para defender la dignidad" del país petrolero.
La UE sancionó al ministro de Interior, Néstor Reverol; al número dos del chavismo, el constituyente Diosdado Cabello, y a la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena.
En la lista también figuran Maikel Moreno, presidente de la corte suprema; Tarek William Saab, fiscal general; Gustavo González López, jefe del servicio de inteligencia; y Antonio Benavides, ex comandante de la militar Guardia Nacional.
El organismo los señala por "
menoscabar la democracia y el Estado de derecho", "graves violaciones de los derechos humanos" y reducir las competencias del Parlamento, de mayoría opositora.
Se trata las primeras sanciones individuales adoptadas por la institución contra funcionarios venezolanos. No obstante, aprobó en noviembre un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la "represión interna".
