SANTIAGO.- La Justicia argentina comenzó este martes las audiencias del juicio oral en Buenos Aires contra el empresario de la localidad de Santa Cruz, Lázaro Báez, y sus cuatro hijos, todos acusados por el presunto lavado de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013.
Se trata del caso denominado "La ruta del dinero K", en el que se indaga a un total de 25 personas, incluidos los Báez, luego de que en 2016 se revelara un video en el que se veía a varias personas contado diversos fajos de dinero sobre una mesa al interior una financiera conocida como "La Rosadita".
A las 9:30 horas el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) dio inicio a uno de los juicios por lavado de dinero más importantes que se desarrolló en la Justicia federal trasandina y el primero que sienta en el banquillo de los acusados a empresarios relacionados al kirchnerismo.
Además, se trata de un caso con cifras récord: durante las investigaciones se incautaron activos por 3.000 millones de pesos argentinos (81,3 millones de dólares aproximadamente).
Por esta causa, Báez, amigo cercano de los Kirchner, se encuentra detenido desde el 6 de abril de 2016. Fue detenido y acusado por blanqueo de dinero a través de financieras y paraísos fiscales.
Este martes, el empresario de Santa Cruz ingresó a la sala de audiencias, ubicada en los tribunales de Comodoro Py, minutos antes de que comenzara el proceso, relató el diario Clarín. A su lado se sentó su hijo Martín, quien ha sido señalado como uno de los hombres que aparece contando dinero en el video de "La Rosadita".
Según consigna el portal trasandino La Nación, la defensa de Báez había pedido este lunes que el juicio se suspendiera hasta que se resolvieran una serie de impugnaciones, pero el tribunal rechazó dicha solicitud.
Este proceso no incluye a la senadora y ex Presidenta, Cristina Fernández. El juez federal Sebastián Casanello, quien instruyó la causa, consideró que no había pruebas para sostener su participación, por lo que se había negado a citarla. Sin embargo, la Sala II de la Cámara federal porteña determinó más tarde que fuera imputada e indagada. Ahora, el juez deberá resolver si procesa o no a la ex Mandataria por este caso.
Este proceso es especialmente complejo para la Justicia argentina, debido a la gran cantidad de acusados y acusadores - además del fiscal a cargo intervienen como querellantes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción (OA) -, y por las maniobras que se investigan. Según consigna La Nación, se espera que las audiencias finalicen en un plazo de ocho meses.
