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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 01:52
— Son doce en total, nueve de los cuales se encuentran en prisión preventiva.
— En ausencia del expresidente catalán Carles Puigdemont, el ex vicepresidente y ministro regional de Economía, Oriol Junqueras, es el principal acusado.
— La expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell que leyó el 27 de octubre de 2017 la proclamación de independencia.
— Al igual que Jordi Sánchez, y Jordi Cuixart, expresidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, respectivamente.
— Cinco ex ministros regionales catalanes: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.
— Y otros tres ex ministros catalanes actualmente en libertad condicional, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs.
— De los doce, nueve (Junqueras, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa) están acusados por la fiscalía de rebelión, agravada para seis de ellos por malversación (Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa).
— El grave delito de rebelión, según el Código Penal español aplicable a aquellos "que se alzaren violenta y públicamente" para "declarar la independencia de una parte del territorio nacional", conlleva una pena de 15 a 25 años de cárcel.
— Esta acusación es cuestionada por los independentistas y varios juristas. De hecho, la cuestión central del proceso será probar el uso de la violencia, algo negado por los separatistas.
— La fiscalía afirma que hubo "incidentes violentos", como durante la manifestación del 20 de septiembre, así como "actos de violencia y agresión contra las fuerzas de seguridad" en el referéndum del 1 de octubre. Esta última jornada, de todas maneras, quedó marcada por escenas de violencia policial que dieron la vuelta al mundo.
— Los tres exministros catalanes Vila, Mundó y Borràs son acusados de desobediencia y malversación.
— Particularidad del sistema judicial español, en este proceso intervienen tres acusadores diferentes:
1. La fiscalía, compuesta de magistrados nombrados tras ser propuestos por el gobierno, pero independientes del poder político.
2. Los abogados del Estado, altos funcionarios que defienden los intereses del Estado, que se muestran más clementes y han reemplazado el cargo de rebelión por el de sedición, reclamando penas de doce años como máximo.
3. Y la acusación popular, una controvertida figura que permite a cualquier ciudadano u organización ser parte acusadora en simple defensa de la legalidad, será ejercida por el partido ultraderechista Vox.
Esta formación, que gana terreno gracias a su discurso hostil al independentismo, se enorgullece de solicitar penas duras para "más de 700 años de prisión" en total para el conjunto de acusados.
