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Santiago: Jueves 11 de diciembre del 2025 | Actualizado 12:01
Aunque la pandemia por coronavirus y la cobertura electoral dominaron las noticias el 2020, muchos estadounidenses siguieron con atención la reanudación de las ejecuciones federales bajo el gobierno de Donald Trump, sorprendidos por su escala y por el aparente apuro por llevarlas a cabo.
Las ejecuciones, comenzando el 14 de julio y terminando cuatro días antes del juramento de Biden el 20 de enero de 2021, fueron las primeras en 17 años. Durante los últimos seis meses bajo la presidencia de Trump, se realizaron más ejecuciones federales que en los 56 años anteriores.
Las ejecuciones también afectaron a prisioneros cuyos abogados reclamaron que sus defendidos se encontraban con enfermedades mentales o intelectualmente incapaces de entender por qué serían sometidos a la pena capital.
Abogados de Lisa Montgomery, convicta por asesinar a una mujer embarazada, dijo que su enfermedadad mental había sido parcialmente gatillada por años de horribles abusos sexuales cuando niña. El 13 de enero, se convirtió en la primera mujer en ser ejecutada en casi 70 años.
La prisión de Terre Haute. | APBiden puede garantizar que no se realicen ejecuciones federales durante su presidencia, simplemente diciéndole al Departamento de Justicia que nunca programe una. Pero eso no detendría a futuros presidentes que apoyen la pena capital de reanudarlas.
Barack Obama, con quien Biden trabajó como vicepresidente, puso una moratoria informal a las ejecuciones federales, ordenando una revisión de los métodos utilizados en 2014, luego de una ejecución fallida en Oklahoma.
Pero Obama nunca tomó pasos adicionales en búsqueda de terminar con las ejecuciones federales para siempre. Eso dejó la puerta abierta para que Trump las reanudara. Los críticos de la pena de muerte quieren que Biden cierre la puerta completamente.
La manera más segura de prevenir que un futuro presidente reanude las ejecuciones, se firmar una ley para abolir la penal capital a nivel federal. Esto requeriría que el Congreso la apruebe.
Un grupo de 37 miembros del Congreso le solicitaron a Biden el 22 de enero que apoyase la Ley de Prohibición de la Pena de Muerte Federal, llevada adelante por los congresistas demócratas Ayananna Pressley y Dick Durbin.
Pero Biden tendría que persuadir a los republicanos. En los 22 estados en que se ha eliminado la pena de muerte, siempre se requirió apoyo de ambos partidos para aprobar las leyes correspondientes.
Biden podría también usar sus atribuciones presidenciales y hacer algo que Obama no hizo: conmutar las sentencias a muerte de unos 50 convictos que están esperando ser ejecutados, convirtiéndolas en penas de cárcel de por vida. Si hiciese esto, ninguna sentencia de muerte podría ser restaurada.
Las conmutaciones no detendrían a los fiscales a buscar la pena de muerte en nuevos casos. Esto podría ser frenado por ahora si se instruyera al Departamento de Justicia de no autorizar a los fiscales a buscar este tipo de sentencias.
El grupo Death Penalty Action ha llamado a Biden a demoler el edificio donde se realizan las ejecuciones en Terre Haute. Demoler la instalación, asegura Abe Bonowitz, director del grupo, sería un símbolo del compromiso de Biden por detener las ejecuciones federales para siempre.
Un manifestante se opone a la ejecución de Brandon Bernard. | APEl ritmo con que se llevaron a cabo y la presión del gobierno en las cortes para conseguir la máxima sentencia, sí movilizó a los opositores. Y también habría servidor para atraer a nuevos adherentes a la causa, según Robert Dunham, director del Centro de Información de la Pena de Muerte.
"Trump graficó más que ningún otro momento cómo luce el abuso de la pena capital", afirmó Dunham. "Ha creado una oportunidad política, que es la razón por la cual los opositores a la pena de muerte quieren que el Presidente la elimine mientras el tema está candente", agregó.
Death Penalty Action, que organizó protestas fuera del centro penal de Terre Haute durante las ejecuciones, vio crecer los números de firmas para peticiones escritas o para solicitar información de 20.000 a 600.000 en los últimos seis meses.
Bonowitz dice que el interés despuntó luego que la celebridad televisiva Kim Kardashian pidiera a través de Twitter a Donald Trump, que conmutara la sentencia de muerte de Brandon Bernard, quien finalmente fue ejecutado el 10 de diciembre.
La tendrá no sólo de quienes apoyan la pena de muerte en el Partido Republicano, sino que también por parte de algunos miembros de su propio partido, que ven las propuestas de acabar con la pena capital como un tema que trae un costo político.
Si Biden conmuta las penas de quienes están en este momento condenados, significaría perdonar la vida a asesinos como Dylann Roof, un supremacista blanco que en 2015 asesinó a nueve afroamericanos miembros de una iglesia en Carolina del Sur. Biden se vería en una posición complicada de tener que explicarle a las familias de las víctimas por qué Roof y otros asesinos no deberían morir.
Aunque el apoyo a la pena de muert ha bajado casi al 50%, muchos estadounidenses no quieren quedarse sin la posibilidad de aplicarla en casos de terrorismo, como el ataque con bombas en la Maratón de Boston. Dzhokhar Tsarnaev fue condenado en ese ataque, en el que murieron tres personas y cientos sufrieron lesiones.
La Corte Suprema está actualmente considerando una apelación realizada durante el gobierno de Trump para revertir una decisión de una corte de descartar la pena de muerte para Tsarnaev. El gobierno de Biden podría decidir próximamente si continúa gestionando esa apelación o acepta la decisión inicial.
Joe Biden podría tomar distintas medidas sobre la pena de muerte. | AFPBiden no ha hablado extensamente sobre la pena de muerte desde que llegó a la presidencia. Y tampoco hizo que fuese un tema prominente durante su campaña presidencial.
En su sitio web de campaña sobre reforma al sistema de justicia penal, Biden sí se comprometió a "aprobar legislación que elimine la pena de muerte a nivel federal, e incentivar a los estados a que sigan el ejemplo del gobierno federal", aunque sin ofrecer caminos específicos.
Biden también podría sentirse obligado a hacer un gran gesto sobre la pena de muerte, por el antecedente del apoyo que le entregó en el pasado. Siendo senador, jugó un papel central en la aprobación de una ley en 1994 que expandió el número de crímenes federales que podían ser castigados con la pena capital. Muchos prisioneros que fueron ejecutados durante el gobierno de Trump, habían sido condenados y sentenciados bajo provisiones que estaban en esa ley.
