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Santiago: Jueves 11 de diciembre del 2025 | Actualizado 12:01
Arturo Torres, periodista y autor de varias investigaciones en este campo, considera que la "matanza" del martes "tiene una particularidad de disputa y una guerra entre organizaciones criminales que controlan las prisiones" a través de varias bandas.
Con base en información de la Policía, menciona a "Los Choneros" como "brazo armado del Cartel de Sinaloa" en Ecuador, país donde -dijo- el Cartel Jalisco Nueva Generación ha entrado en disputa de territorios para el envío de droga al exterior.
Las autoridades suponen que el asesinato en diciembre pasado de "Rasquiña", presunto líder de "Los Choneros", y el decomiso de armas en una de las cárceles la noche del lunes, pudo ser el detonante en una acción planificada y coordinada en cuatro cárceles de forma simultánea.
Edmundo Moncayo, jefe del servicio de prisiones, confirmó el martes en una rueda de prensa que preveían algún tipo de ajuste de cuentas tras el asesinato de Rasquiña, y aunque "se retrasó", vinculó directamente ese hecho ocurrido en la ciudad de Manta y las matanzas en las prisiones, sin dar ninguna explicación a por qué no se había preparado un dispositivo frente a esa posibilidad.
Ricardo Camacho, subsecretario del Ministerio de Justicia encargado de los centros carcelarios entre 2017 y 2018, habla además de un "débil" sistema penitenciario, con alrededor de 1.500 guardias cuando se requeriría de al menos 7.000.
El sistema penitenciario "está totalmente desbordado, tratando de apagar incendios", dice por su parte Torres, y asegura que el sistema no tiene un enfoque sistémico, adolece de fallas estructurales y escasos recursos económicos: "siempre el sistema penitenciario ha sido la última rueda del coche".
Su presupuesto promedio anual está ahora en alrededor de 95 millones de dólares y gasta once diarios en cada preso.
Esto genera una "economía interna del crimen" en las cárceles, donde la corrupción ha permitido también el paso de armamento, celulares y otros materiales.
Datos de la autoridad de prisiones indican que en Ecuador hay 38.693 personas privadas de libertad distribuidas en 67 cárceles, con capacidad para 29.897, lo que representa un hacinamiento el 29,42%.
Además, el 70 % de los presos se concentra en las prisiones donde ocurrieron los hechos, según dijo Moncayo el martes.
Para Torres, el sistema penitenciario es un "enfermo terminal" que vio empeorar su situación cuando el Código Orgánico Integral Penal (COIP) endureció en 2015 las penas para los microtraficantes y se definieron 70 nuevos delitos.
Todo ello, desbordó las cárceles y al sistema judicial, que "abusa" de la prisión preventiva, dijo.
La crisis carcelaria no se soluciona con una intervención en el sistema penitenciario, opina Torres, quien cree indispensable que la Policía "mapee" la actividad de las organizaciones del crimen trasnacional en Ecuador para tratar de controlar la situación también desde afuera.
Se requieren mejoras en el sistema judicial, político, de gobernanza e, incluso, se puede pensar en la privatización del manejo de las cárceles para tratar de estabilizar el "desbordado" problema, que se arrastra desde hace varios años.
Camacho recuerda que en su administración tuvieron contactos con expertos de Colombia, Francia y Chile, que tendrían un buen sistema de servicio penitenciario, para fortalecer las labores de prevención, inteligencia y fuerzas de reacción, entre otros.
Asimismo anotó que hay un ofrecimiento de un préstamo de 35 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ayudar al sistema carcelario ecuatoriano.
Pero cree que no ha habido voluntad política para avanzar en la mejora del sistema.
Las fuerzas de seguridad ecuatorianas dan por controlada la situación en dos centros de reclusión tras los nuevos intentos de amotinamiento y disturbios de los reclusos, informó este jueves el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad del país.
Las intervenciones se produjeron en la cárcel número 4 de Guayaquil y en la de Cotopaxi, en Latacunga, a unos 80 kilómetros al sur de Quito, indicó el SNAI en su cuenta de Twitter. Fuerzas de seguridad habían activado el protocolo de emergencia ante un nuevo amotinamiento en Guayaquil, y en un comunicado divulgado al borde de la medianoche local dieron por terminada la operación, aunque no especificaron si se habían producido víctimas.
