La situación no ha hecho más que empeorar desde el inicio de las protestas en 2019 para denunciar a una clase política acusada de corrupción e incompetencia.
Las restricciones derivadas del coronavirus, a partir de la primavera de 2020, contribuyeron a estrangular la economía. Así como la explosión devastadora del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que llevó a la dimisión del gobierno de Hassan Diab.
La moneda nacional, cuyo cambio está fijado desde 1997 en 1.507 libras por dólar, perdió el 90% de su valor en el mercado negro. El martes se cambiaba a 15.000 libras por dólar, su nivel más bajo de la historia.
La depreciación de la moneda ha generado una inflación galopante y ha cercenado el poder de compra de una población sometida a restricciones bancarias draconianas. Esta situación ha provocado una nueva ola de protestas en marzo, después de que la crisis sanitaria acalló temporalmente las manifestaciones en 2020.
Pese a la urgencia, los requerimientos de la comunidad internacional no han bastado para sacar de su letargo a una clase política acostumbrada a las largas negociaciones y desconectada de la realidad.
Los principales partidos siguen enfrascados en negociaciones interminables y cada campo se aferra a sus reivindicaciones. El presidente Michel Aoun y el primer ministro designado Saad Hariri (ambos en la foto) se acusan de bloqueo.
Viendo el "comportamiento de las fuerzas políticas y sus cálculos, no parece que vayan a cambiar", dice una fuente diplomática árabe que se muestra pesimista y anticipa un estancamiento "que puede durar [todavía] meses".
"Hemos presentado numerosas soluciones pero no han sido aceptadas", asegura esta fuente.
Informaciones de prensa indican que Aoun y su partido reclaman una cuota, lo que el presidente desmiente.
"Cada campo" trata de "ver cómo garantizar sus ganancias", resume el universitario Nasser Yassin, que denuncia la "decadencia" de las instituciones públicas "incapaces de cumplir aunque sea un mínimo de sus prerrogativas".
Hasta algunos responsables parecen reconocer que el Estado ha fallado en sus misiones.
"La situación de la seguridad se ha erosionado", reconoció recientemente el ministro del Interior, mientras la delincuencia ha aumentado exponencialmente.
"Líbano podría encontrarse totalmente a oscuras a final de mes" por falta de carburante, advirtió por su parte el ministro de Energía.
Su homólogo de Educación anunció una semana de suspensión de las clases para protestar contra la falta de financiamiento y apoyo logístico en el sector.
No hay una semana sin que un sindicato o profesionales de algún sector no amenacen con una huelga o no adviertan de las penurias: gasolineras, panaderías, comerciantes e importaciones.
Hasta el jefe del ejército Joseph Aoun se quejó recientemente de los recortes presupuestarios.
"Todavía no hemos llegado al estadio de 'Estado fallido'", dice Yassin. "Pero lo que es seguro, dice, es que su capacidad para llevar a cabo sus misiones se reduce diariamente".
Una recuperación no es imposible pese a las dificultades pero "el problema es que todavía no hemos iniciado un plan de salvamento", recuerda Yassin.
La comunidad internacional, con París al frente, condiciona el desbloqueo de toda ayuda financiera a la formación de un gobierno de tecnócratas que se encargue de hacer reformas estructurales.
Sin un ejecutivo así, es imposible que "se concreten las reformas" o se desbloquee cualquier "apoyo financiero", insiste la fuente diplomática.
El país había iniciado en 2020 negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que rápidamente fracasaron.
Las esperanzas siguen siendo las mismas: reestructuración del sector eléctrico y del sector bancario pero también reducción de gastos, revisión de subvenciones y reflotamiento de la moneda.
"Quizá hubiéramos podido evitar todo esto", tuiteó recientemente el economista Henri Chaoul, en alusión a la depreciación. "Pero los bancos, el Banco Central y la clase política (...) decidieron otra cosa. Son todos responsables de lo que ha ocurrido", constata.
Chaoul participó en las negociaciones con el FMI antes de dar un portazo para protestar por la negligencia del poder.