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Santiago: Jueves 11 de diciembre del 2025 | Actualizado 12:59
Suu Kyi, de 75 años y que ya pasó más de quince años bajo arresto domiciliario bajo la extinta junta militar, está siendo juzgada junto al expresidente Win Myint y al exgobernador de Naipyidó, Myo Aung.
La depuesta consejera de Estado y ministra de Exteriores afronta dos cargos por vulnerar la Ley de Desastres Naturales, vinculados a la normas de seguridad establecidas para combatir la propagación de la covid-19, con una condena máxima de tres años.
Según la acusación, Suu Kyi incumplió los protocolos contra la pandemia durante actos de campaña para las elecciones de noviembre, donde su partido arrasó, cuyos resultados no reconocen los militares al denunciar el presunto amaño de 10,5 millones de votos.
Además, está acusada de incitación a la agitación pública (penado con hasta 3 años de cárcel), importación ilegal de dispositivos electrónicos -en referencia a unos 10 walkie-talkies- (máximo 3 años) y violar la Ley de Telecomunicaciones (1 año). C
Sin embargo el cargo más importante hasta la fecha presentado contra Suu Kyi es la acusación de transgredir la Ley de Secretos Oficiales, una norma dictada durante la época colonia y que cuenta con una pena máxima de hasta 14 años de prisión.
La nobel de la paz acudirá el próximo día 24 a una vista preparatoria por este delito que juzga el Tribunal Supremo, y al que se enfrentan también otras cuatro personas, entre ellas el asesor económico australiano Sean Turnell.
La semana pasada además la Comisión Anticorrupción presentó varias denuncias ante la Policía con el objetivo de abrir un nuevo proceso contra Suu Kyi por presuntos delitos de corrupción, que conlleva una pena máxima de quince años de cárcel.
A pesar del hostigamiento judicial acometido por la junta militar, la imagen de Suu Kyi continúa siendo el icono popular en las manifestaciones en oposición a la junta militar y que reclaman el restablecimiento de la democracia y la liberación de la líder.
Suu Kyi, quien según sus abogados desconoce el alcance de la crisis política y la represión de las autoridades desatada por el sublevamiento militar, se encuentra en aparente buen estado de salud y permanece actualmente bajo arresto domiciliario en un lugar desconocido.
Más de cuatro meses después de la asonada, la junta militar sigue sin tener el control completo del país a pesar de la brutal violencia utilizada contra la disidencia y que ha causado hasta la fecha al menos 863 muertos, según una organización de activistas birmanos.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que ganó claramente el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
