El recurso se interpuso en una corte federal de Boston, Massachusetts, contra algunas de las compañías de armas más grandes de Estados Unidos, como Smith & Wesson, Colt's, Barrett Firearms, Beretta Holding, Ruger & Co, y Glock, Inc, para que reparen el daño y garanticen la no repetición.
Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores de México, dio a conocer la demanda. | ReutersQue las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto se determinará en juicio y que se desarrollen e implementen estándares lo suficientemente razonables para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores.
El Gobierno mexicano pidió a las empresas que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluido herramientas para prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas. También que costeen estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas y que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y que podrían ocasionar daños en México.
Armas confiscadas por fuerzas de seguridad mexicanas. | ReutersEl principal es que el Gobierno de México ha sufrido un daño directo e indirecto ocasionado por las prácticas negligentes de empresas en Estados Unidos y los demandados tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas que sean usadas para actividades ilícitas en México.
Que los demandados tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas a México, que facilitan y apoyan el tráfico de armas a México y debido a ello el Gobierno de México ha tomado medidas razonables para tratar de protegerse de actividades ilícitas generadas por el tráfico ilícito de armas.
Un soldado pasa frente a armas confiscadas en México. | ReutersSegún datos presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17.000 homicidios anuales y de daños equivalentes a 1,5% del PIB.
