La justicia federal argentina procesó este miércoles al ex Presidente trasandino Mauricio Macri como responsable de presuntos hechos de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del ARA San Juan. En el mismo fallo, decretó el embargo de cien millones de pesos (829 millones de pesos chilenos) y le prohibió salir del país vecino.
En estos momentos, Macri está en Chile y durante la mañana se reunió con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda. El juez de la causa, Martín Bava, dijo que la veda de los viajes al exterior empezará a regir "a partir de su reingreso a la República Argentina".
Según Bava, está demostrado que la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la administración macrista hizo seguimientos ilegales contra parientes y amigos de los tripulantes del ARA San Juan y que fue el entonces Presidente quien los autorizó. Por eso, lo encontró
"penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor" en "concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público".
Además de prohibirle salir del país y embargarlo, Bava dispuso que Macri no podrá "ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal". El ex Mandatario tendrá que informarle a Bava, asimismo, "cualquier cambio de domicilio".
El juez tomó esta decisión dos semanas después de haber sido ratificado al frente de la causa por la Cámara Federal de Mar del Plata. Con las firmas de los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, el tribunal rechazó el 18 de noviembre pasado la recusación que la defensa de Macri había presentado contra Bava, a quien acusó de ser "parcial".
Según la Cámara, no se acreditó "elemento objetivo alguno que avale" el "temor de parcialidad" que alegó la defensa de Macri; tampoco, la supuesta "dependencia" del juez, quien -según el tribunal- no "prejuzgó".
Esta causa ya tenía once procesados, incluidos los ex efes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los últimos procesamientos previos al de Macri habían sido los de dos ex directores operacionales de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra. El juez consideró a ambos partícipes de las acciones de inteligencia prohibidas, y les trabó embargos hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos (165 millones de pesos chilenos), pero advirtió que ellos dos no habían sido los responsables máximos de estos hechos. Según Bava, lo que hicieron fue omitir adrede los controles sobre lo que hacía la base de la AFI de Mar del Plata.
La causa se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Investiga seguimientos realizados entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, mientras el submarino ARA San Juan estaba desaparecido y los familiares de sus tripulantes reclamaban el esclarecimiento de los hechos.
