Un tribunal de Myanmar volvió a retrasar este lunes el fallo de uno de los juicios a los que se enfrenta la ex líder Aung San Suu Kyi, derrocada en el golpe de Estado del 1 de febrero pasado.
El juez, que ya había aplazado la sentencia el pasado 20 de diciembre, volvió a retrasar su decisión
por un cargo vinculado a la tenencia sin licencia de varios walkie-talkies y un inhibidor de señales, indicó a EFE una fuente cercana al juicio y que no puede identificarse por miedo a represalias por parte de la junta.
En este proceso, Suu Kyi, quien fue hallada culpable por dos delitos ya juzgados, se enfrenta a una
acusación por violar la ley de telecomunicaciones, castigado con un año de cárcel,
y la Ley de Exportación e Importación, penado con hasta 3 años.
La Premio Nobel de la Paz
fue condenada el 6 de diciembre a cuatro años de prisión, reducidos pocas horas después a dos por la junta militar, por los cargos de incitación a la rebelión contra los golpistas y vulnerar las normas de covid-19.
La condena impide a Suu Kyi presentarse a unas hipotéticas elecciones en el caso de que los militares mantengan su promesa de celebrar unos comicios organizados por ellos
en 2023.
Tras su detención el mismo día del golpe,
la líder electa estuvo varios meses bajo arresto domiciliario en su residencia oficial en la capital y
más tarde fue trasladada a una localización no desvelada, según sus abogados.
Además,
Suu Kyi, de 76 años, está acusada de otros cargos variopintos como vulnerar la Ley de Secretos Oficiales y varias acusaciones de corrupción, penados con 14 y 15 años de prisión respectivamente.
A pesar del hostigamiento judicial acometido por la junta militar,
la imagen de Suu Kyi continúa siendo el icono popular en las manifestaciones de oposición a la junta militar, y que reclaman el restablecimiento de la democracia y la liberación de la líder.
Suu Kyi, a quien las autoridades han mantenido prácticamente incomunicada,
se encuentra en aparente buen estado de salud.
Casi once meses después de la asonada, la junta militar sigue sin tener el control completo del país a pesar de la brutal violencia utilizada contra la disidencia y que ha causado hasta la fecha al menos 1.375 muertos, según una organización de activistas birmanos.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre de 2020, en los que ganó claramente el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
