El fiscal Galdames está a cargo de la investigación por colusión.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Durante la mañana de este martes, la Corte de Apelaciones de San Miguel -temporalmente ubicada en avenida España- deberá resolver si la Fiscalía Metropolitana Sur podría o no tener acceso a los antecedentes contenidos en anexos reservados de la investigación por colusión contra las empresas CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa) que mantiene en su poder la Fiscalía Nacional Económica.
Ello, luego que la audiencia del pasado jueves fuera suspendida a solicitud de esta última, que recurrió al derecho con el que cuentan todos los intervinientes para pedir -por una vez- la postergación de la misma.
De esta manera, la audiencia de hoy será clave para que el Ministerio Público conozca si podrá o no contar con los datos requeridos el año pasado y que hasta ahora desconoce, lo que ha retrasado el trabajo que lleva adelante el fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, que persigue presuntos delitos cometidos por el cartel desde 2005 en adelante, cuando comenzó a operar la nueva justicia penal.
De aceptarse el requerimiento de la Fiscalía, el ente persecutor penal podrá obtener la información secreta que fue reunida tras los allanamientos que realizó la Fiscalía Nacional Económica a la compañía SCA Chile.
Según detalló la semana pasada a Emol el fiscal Galdames, se trata de antecedentes "únicos e irrepetibles porque no se obtienen por la entrega voluntaria, sino de manera coercitiva".
Por ello, la importancia de los mismos, ya que al no tener acceso a ellos, "la investigación se hace sustancialmente más difícil".
En esa oportunidad, Galdames agregó a este medio que la empresa SCA "solo colaboró con la indagatoria con posterioridad a los allanamientos de la FNE, donde se encontró mucha información que nosotros no vamos a poder encontrar de otra manera", enfatizando que la suspensión de la instancia del jueves solo puede entenderse como la intención de dilatar el proceso.
La arista penal se inició luego que los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD) presentaran el año pasado una denuncia por alteración fraudulenta de precios y solicitaran una serie de diligencias para acreditar los hechos. Este ilícito tiene asignadas penas de reclusión menor en sus grados mínimo (61 días) a medio (3 años) más multa de 6 a 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
