SANTIAGO.- Cada día que pasa y que
no se llega a acuerdo entre el Gobierno y los pescadores artesanales de Chiloé por las indemnizaciones a los perjuicios provocados la marea roja, es un día más que crece la tensión en la isla. Y es que las demandas de los chilotes no son pocas y están cada vez más cerca de las deudas históricas con la zona insular y más lejos de la contingencia que generaron las manifestaciones.
El bloqueo de las rutas de acceso a Chiloé, como respuesta a las ofertas de la autoridad central, mantienen a la isla incomunicada y desabastecida, y es una forma de presión que no sólo ha llamado la atención del Gobierno, sino de todo el país.
El primer petitorio: 15 demandas
Luego de que el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunciara un aumento en el bono -originalmente de $100 mil- a $750 mil, la mesa provincial de Chiloé, que ha articulado desde el comienzo las demandas y que las componen representantes de las comunas de Dalcahue, Quinchao, Castro y Curaco de Vélez, propuso un primer petitorio que contenía 15 demandas para terminar el conflicto.
Entre los puntos del texto los trabajadores pesqueros exigían que todo el archipiélago de Chiloé se declarara zona de catástrofe ambiental y ponían un gran foco en las investigaciones sobre las causas que provocaron la marea roja, especialmente en el papel de las empresas salmoneras que vertieron sus desechos en el mar, principal causante del fenómeno según los pescadores.
También demandaban un mayor control de los recursos marinos, una diversificación en los permisos de extracción, un mayor apoyo a los pescadores artesanales, condonación de partes y deudas de los trabajadores y exigían la derogación inmediata de la, según ellos, "corrupta" ley de pesca.
Además, pedían indemnizaciones o bonos como compensación a los pescadores por la crisis, pero sin especificar el monto de éstos.
Tras darse a conocer los 15 puntos, el vocero del Movimiento Defendamos Chiloé, Juan Carlos Viveros, afirmó que "acá hay un frustración que se arrastra por décadas de temas que no han sido resueltos por las autoridades".
Nuevas demandas: el petitorio de 28 puntos
Con una llamada a altas horas de la noche del pasado domingo, el Gobierno anunció su tercera oferta a los pescadores: un total de $900 mil dividido en una cuota de $400 mil y dos posteriores de $250 mil.
Los trabajadores pesqueros rechazaron nuevamente el bono. Además, los representantes de la comuna de Ancud
presentaron un nuevo petitorio, cuyas demandas ascendieron a 28.
"Nosotros lamentablemente quisiéramos que esto se hubiese terminado ayer, antes de ayer, existen cientos de familias que están sufriendo de hambre, con problemas, (pero) la movilización se va a radicalizar", expresó Luis Cárdenas, vicepresidente de los pescadores de Chiloé, tras leer a los medios el texto.
Las demandas toman varios puntos del primer petitorio, como investigaciones para determinar las causas de la marea roja y los efectos de los vertidos de las salmoneras, y la condonación de deudas y partes del Sernapesca. Sin embargo, agregaron una serie de beneficios sociales que poco o nada tienen que ver con la marea roja y que se relacionan más con las deudas históricas del Gobierno con la isla.
Por ejemplo, lanchas para fomentar el progreso turístico de Chiloé, becas educacionales para los hijos de pescadores artesanales, la ampliación de cursos Sence para la comuna, acelerar la aprobación de permisos de trabajo del Sernapesca, flexibilizar exigencias laborales a los buzos, incluso aumentar el horario de atención de la oficina de Sernapesca, entre otros.
Además, detalló concretamente cuál es el monto de la compensación que buscan: un bono de $300 mil por término de conflicto y cinco cuotas del mismo monto.
Las reacciones
Ante la radicalización de las protestas y la intransigencia de los pescadores, el ministro de Economía zanjó que entregaría finalmente un bono de $300 mil más tres cuotas mensuales de $150 mil.
"Tiene que existir un límite en la negociación. No puede ser que cada vez que uno se siente a negociar hayan nuevos puntos, eso tiene que estar muy claro",
explicó Céspedes tras el anuncio. Aún así, afirmó que el Gobierno se mantiene abierto a nuevos espacios de diálogo para negociar sobre las otras demandas.
Por su parte, la alcaldesa de Ancud,
Soledad Moreno, hizo un llamado a los pescadores a que "no corten el puente con el Gobierno, que no cesen las negociaciones (...) no podemos dañar a la gente de la comuna que está apoyando este movimiento legítimo (...) espero por el bien de toda mi gente, que se llegue a un acuerdo".
