Los documentos se relacionan con gestiones de la empresa minera SQM Salar, en donde se efectuaron millonarios pagos en 2011 y 2012 al PPD. Esto, a través de dos organizaciones vinculadas al partido, Chile Ambiente y Corporación Innovación y Democracia.
Al respecto, el director Ejecutivo de Chile Ambiente y ex militante de la colectividad, Patricio Rodrigo, indicó que la directiva de la época, encabezada por Carolina Tohá, le había pedido hacerlo para mantener los gastos básicos del partido. El ambientalista agregó además que
"quizás pequé un poco de ingenuo o de negligente", pero que "siempre estuvimos en el marco de la legalidad".
A su vez,
la ahora alcaldesa de Santiago se defendió ante el informe que la vincula al caso, señalando que no solicitó a Rodrigo "ni directa ni indirectamente ningún asunto relacionado con el financiamiento del partido".
Los Comentaristas de Emol calificaron los hechos como "inaceptables" y "anti éticos", haciendo un llamado a los políticos a terminar con estas prácticas.
Al respecto, Mauricio Virrueta Reyes señaló que "es sabido que la clase política de hoy no es precisamente el ejemplo de una gestión transparente, donde el que está de turno no sólo miente sino que descaradamente no reconoce lo evidente".
"Era legal, pero antiético e inmoral. Qué pasa en Chile que ya no quedan políticos honestos (…)", expresó Pedro Serafin Panza Márquez.
Macarena Lavanderos comentó que "(…) independiente de todo, tenían un sistema que bordea la ilegalidad y digan lo que digan, moral y éticamente es inaceptable y no nos vengan con que el fin justifica los medios".
Por el contrario, Pedro Guzmán defendió los hechos señalando que "tenían que hacer algo para sobrevivir, si no existía ninguna legislación que les proveyera medios suficientes y las campañas gastan dinero. Como iban a solucionarlo si no existía el mecanismo real y eficiente".
