Hoy
El Mercurio dio a conocer que esta unidad persecutora envió un oficio a Codelco con el fin de que entregue antecedentes sobre los contratos que suscribió, entre 1997 y enero de 2014, con la empresa Sistema Consultores Ltda., de la que fue el ex secretario de Estado fue socio y cuyo nombre fue reemplazado por el de un familiar directo y cercano cuando asumió como diputado por el PPD en marzo de 2006.
El Ministerio Público investiga al ex ministro por eventuales delitos tributarios, cohecho y negociación incompatible, porque mientras se desempeñó como parlamentario habría recibido pagos de la cuprera estatal y de Antofagasta Minerals (2007-2014), a través de Sistema Consultores y Virtus Consultores, respectivamente. En el primer caso, son cerca de $213 millones, y en el segundo, unos $198 millones.
Esta petición de información a Codelco era la diligencia que restaba, luego que el martes pasado se solicitara la contabilidad de Sistema Consultores. Por ello, ese mismo día, el consejero jurídico subrogante de la estatal, Diego Ruidíaz, envió un correo al fiscal regional de la zona metropolitana oriente, Manuel Guerra, para ofrecerle formalmente la colaboración que requiriera.
Internamente, el caso de la empresa vinculada con Insunza se analizó en 2014, cuando el directorio de la cuprera ordenó la revisión de sus proveedores en los ámbitos de conflictos de interés y lobby .
En esa época, se hicieron seis estudios, y uno de ellos, desarrollado en dos fases, examinó los negocios con Personas Políticamente Expuestas (PPE), incluyendo los contratos que ahora indagan los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Villalobos.
La auditoría, en el caso particular de Insunza, concluyó que no se observaban condiciones para la ocurrencia de un fraude y que los servicios contratados se ajustaron en forma sustancial a la normativa interna vigente a esa fecha.
Sin embargo, se hicieron observaciones respecto de los procedimientos y documentación disponible, porque no fue posible encontrar todos los informes entregados por Sistema Consultores. Además, se sugirieron mejoras para evitar riesgos asociados a los conflictos de interés.
Participación societaria
Según registros públicos, Insunza fue diputado por el PPD entre marzo de 2006 y el mismo mes de 2010 y, posteriormente, entre marzo de 2014 y mayo de 2015, cuando dejó el cargo para asumir como ministro en el anterior gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Pero debió dejar ese puesto 28 días después, al conocerse sus vínculos laborales con Antofagasta Minerals.
En los dos períodos en que ejerció como parlamentario, Sistema Consultores prestó servicios a Codelco. Estos consistían en la entrega de informes mensuales (1997-1998), asesorías comunicacionales (2002-2007; 2009-2010), una combinación de ambos (2008; 2011) y análisis de variables políticas (2014), entre otros.
Insunza tuvo calidad de socio en esta empresa entre 1996 y 2006. Ese año es elegido diputado, sale de la firma y entran su hermana, Viviana; el ex jefe de gabinete del vocero de gobierno, Mauricio Bugueño M., y Gustavo Muñoz López. En 2007, sale Bugueño y, al año siguiente, ingresa David Henríquez Fuentes -ex director regional del Consejo de la Cultura y las Artes (2006-2007)- y se queda hasta 2010.
En 2013, vuelve Insunza como socio, pero se retira en noviembre de ese año con miras a las elecciones parlamentarias, y retorna su hermana, quien en 2015 aparecía como la única socia de la empresa.
El antecedente
El tema de personas o empresas vinculadas con la actividad política no es primera vez que toca a Codelco. A 2005 se remonta el primer cuestionamiento por sus contrataciones y hubo, entonces, un pronunciamiento de Contraloría y una comisión investigadora de la Cámara. Ninguna hizo observaciones de relevancia.
Luego, en 2015, el asunto resurgió, y la Cámara, mediante el oficio 48/2015, le solicitó a Codelco informar sobre eventuales contratos, firmados entre 2010 y 2015, con 21 empresas. También le pidió entregar sus respaldos.
En su respuesta, la cuprera afirmó que con nueve de estas firmas tuvo contratos, especificando monto, objeto y fechas de inicio y término. En junio del mismo año entregó los respaldos a la comisión de Minería. En esa oportunidad, tampoco se detectaron hechos que pudieran tener carácter de delito.
