Ana Luisa Jouanne saluda a su esposo, el desaforado senador Jaime Orpis.
Agencia Uno
Según afirmó la fiscal del caso Corpesca, Ximena Chong, "la ley no exige que la Fiscalía establezca antecedentes que agraven la situación cautelar del imputado y, por el contrario, lo que se exige es que el solicitante sea el que entregue información que desvirtúe la situación cautelar, y creemos que eso, en este caso, no se ha dado".
Por ello, insistirá ante el tribunal de alzada en que la única medida precautoria acorde a la gravedad de los actos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios que le fueron atribuidos, es la privación de libertad.
Asimismo, discrepó con la
decisión del SII que apoyó la pretensión de la defensa del legislador al no oponerse a la revocación de la prisión preventiva, enfatizando que "entendemos que la posición del Servicio en este contexto, es errónea", agregando que "cada una de las instituciones debe responder respecto de las decisiones que ellos toman".
"Entendemos que los ingresos que recibió el senador Orpis no corresponden, en ningún caso, a donaciones, por esa razón, tampoco formalizamos por el delito de de la Ley de Donaciones", reafirmó, aseverando que "creemos que se trata de actos de cohecho y delitos tributarios de facilitación de documentos falsos. Y si eventualmente existe algún impacto tributario, como lo señalamos en la Corte de Apelaciones, tiene que ver con un incremento en los ingresos del senador Orpis que debieron ser sancionados por una acción que el SII no ha interpuesto", aseguró.
Por último, descartó que el legislador, quien alcanzó a estar 40 días el la cárcel,
se encuentre en riesgo vital, como
expuso la defensa, puntualizando que ello es sólo una afirmación de la parte recurrente "que no se sustenta con ninguno de los antecedentes que ellos mismos esgrimieron en la audiencia".
