"Rechazamos tajantemente las inapropiadas declaraciones formuladas por la Ministra de Educación, ya que de manera desinformada acusa a Laureate Chile de infringir la Ley sin tener un sustento legal que la avale", dicta la declaración pública de la empresa, enviada esta tarde a los medios.
La ministra Delpiano expresó ayer, luego de que un informe transparentara que Laureate lucra en sus establecimientos de educación superior en Chile a través de la venta de servicios, que "el tema amerita una mirada más global con el Comité de Inversiones Extranjeras (el Ministerio de Economía), porque lo que está sucediendo aquí es que están basándose en leyes que tienen que ver con la inversión, pero que colisionan con leyes que el país tiene en materia de educación".
Ante esto, el grupo insistió en que su modelo de negocios está acorde a la legislación chilena y que su ingreso y operación en el país "fueron autorizados por el Estado a través de 6 contratos de inversión extranjera firmados con los diversos Gobiernos que se han sucedido desde el año 2001".
"Laureate es una red educacional global que respeta la legislación vigente en cada país donde tiene presencia, lo que también aplica para Chile. A través de los contratos descritos, Laureate especificó desde un primer momento su rol como miembro de las universidades en el país y como entidad que presta servicios educacionales a éstas", continúa el texto, firmado por el director ejecutivo de la compañía para región andina, Jesús Villate.
Según consigna la carta, su respeto a la ley vigente ha sido confirmado por los diversos organismos que han concluido investigaciones respecto de la operación de la empresa.
Laureate expresó que es "grave" que sea la secretaria de Estado quien exprese juicios en momentos en que el Ministerio de Educación lleva a cabo indagaciones a universidades.
"La ley exige que los organismos pertinentes realicen investigaciones serias e imparciales. Ciertamente, sus palabras (de Delpiano) atentan contra dicha imparcialidad y también contra el deber legal de reserva", señaló.
Asimismo, Laureate mostró preocupación por la denigración pública de la comunidad de más de 15 mil académicos y más de 175 mil alumnos que estudian en sus instituciones dentro del país.
"Que hoy exista un proyecto de reforma educacional que busque cambiar el modelo de educación superior del país, debe ser un motivo de debate informado y no transformarse en una excusa para atacar irresponsablemente a entidades que, siguiendo la institucionalidad vigente, han sido un aporte irrefutable al país y al desarrollo de miles de jóvenes", sentencia la declaración.
